Fernández Cerra logra que el juez que lo excarceló procese a Antoni Asunción

La noche del 24 de enero de 1977 los españoles se acostaron sobrecogidos de terror. Un múltiple asesinato de abogados laboralistas a manos de unos pistoleros ultraderechistas clavaba una daga en la incipiente democracia. Los asesinos, Carlos García Jullá y José Fernández Cerra, están en libertad. El primero, desde septiembre de 1991. Fernández Cerra salió de El Dueso en marzo con el título de Derecho en la mano. Ahora ha logrado que un juez siente mañana en el banquillo al secretario general de Asuntos Penitenciarios, Antoni Asunción para quien pide seis años de inhabilitación por interceptarle un permiso en 1989.

A las nueve de la mañana del próximo lunes, el secretario general de Asuntos Penitenciarios, Antoni Asunción, deberá comparecer en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Valladolid como inculpado de un delito de prevaricación.Asunción no ha conseguido el amparo del Tribunal Constitucional para soslayar la apertura de un juicio oral, a instancias del magistrado Francisco Salinero Román, quien ha perseguido escrupulosamente el cumplimiento de la ley como juez de vigilancia penitenciaria territorial de Valladolid. El rigor de Salinero se puso de manifiesto en junio de 1989 cuando inició una investigación sobre por qué el ultráderechista José Fernández Cerra -condenado por asesinato a 197 años de cárcel- no había disfrutado de un permiso de seis días de libertad carcelaria en las fechas autorizadas.

Salinero entendió que el secretario general de Instituciones Penitencias, Antoni Asunción, trasladó al recluso a otra prisión con el fin de eludir la concesión de un permiso de libertad otorgado por la juez Rosa María Rodríguez. En sus conclusiones, derivadas de la acusación particular impulsada por el propio Fernández Cerra, Salinero acusa a Asunción de un delito de prevaricación y pide para el responsable de las cárceles españolas seis años y un día de inhabilitación especial. Fernández Cerra goza de libertad condicional desde el otoño del año pasado.

A las 22.30 del 24 de enero de 1977, en compañía de Carlos García Juliá y Fernando Lerdo de Tejada, después de permanecer varios minutos en la escalera, llamaron a la puerta del despacho que unos abogados laboralistas vinculados a Comisiones Obreras tenían en el número 55 de la calle Atocha de Madrid. Tras la llamada montaron las pistolas que portaban.

El sumario relata que "de forma inopinada e imprevista, con frialdad y serenidad, conscientes de lo que hacían, Fernández Cerra y García Juliá, a una distancia no inferior a 60 centímetros, sin que partiera previa iniciativa ni actitud por parte de sus secuestrados, comenzaron rápida y repetidamente a disparar en trayectoria cruzada las pistolas que portaban de forma indiscriminada contra las nueve personas, algunas de las cuales recibieron los impactos encontrándose de espalda a sus agresores".

El abogado Francisco Javier Sauquillo -de espaldas- recibió una bala en el cráneo que le mató en el acto; el abogado Javier Benavides recibió por detrás un impacto de bala que determinó su muerte instantánea; el estudiante de Derecho Serafín Holgado de Antonio fue el blanco de dos balas, una de las cuales traspasó el cráneo y le causó la muerte; por la nuca del administrativo Angel Elías Rodríguez Leal penetró otra bala mortal; el abogado Enrique Valdevira Ibáñez murió de varios impactos. Miguel Sarabia, Luis Ramos, Alejandro Ruiz Huerta y María Dolores González Ruiz, casada con Francisco Javier, resultaron con heridas de distinta gravedad.

Según el sumario, los asesinos, con su inductores, Francisco Albadalejo y Leocadio Jiménez Caravaca, "profesaban una ideología totalitaria, disconforme con el cambio institucional que se estaba operando en España". Fueron detenidos pasados dos meses de cometer el sangriento crimen.

Permiso y fuga

Fernando Lerdo de Tejada se fugó de España antes de ser juzgado, aprovechando un permiso otorgado por el juez instructor del caso, Rafael Gómez Chaparro. Este magistrado procedía del extinto Tribunal de Orden Público y fue retirado de la instrucción del sumario en abril de 1979 a raíz de esta fuga. El hecho colmaba una serie de irregularidades procesales, como facilitar el sumario a los abogados de la defensa, interceptar el testimonio, de derechistas destacados, suspender pruebas testificales, no investigar el origen de las armas, no comunicar la práctica de diligencias, no incomunicar a testigos...Francisco Albadalejo murió de cáncer en un hospital de Salamanca en 1984, y Carlos García Juliá -condenado a 193 años- gestiona la empresa de espionaje García & Febrel Asociados, sin licencia, con fichas de particulares proporcionadas por funcionarios de la policía (Diario 16, 29 de septiembre). Su puesta en libertad fue el colofón de una serie de permisos de salidas otorgados contraviniendo informes penitenciarios y recursos fiscales, como ocurrió en la Navidad de 1984 o en 1989, en los que no faltó un intento de fuga en 1979, en el que resultó secuestrado el director de la prisión.

En el historial carcelario de José Fernández Cerra, condenado a 197 años, figuran dos faltas graves, una leve y cuatro muy graves hasta 1980, año en el que se dicta la sentencia del caso Atocha, a partir de la cual se produce un giro en la conducta del penado.

Las sanciones impiden redimir condena, pero no contaron en el caso de Cerra. Poco a poco fue logrando la ascensión en su calificación como recluso a pesar de los recursos de la fiscalía que argumentaban en su contra, fundándose en "la magnitud y significación del crimen, su trascendencia e importancia en el futuro de la nación, la ausencia de arrepentimiento, el desprecio de la vida ajena...".