El asesor jurídico, principal implicado en las diligencias sobre el Banco Santander

José Ignacio Uclés, jefe de la Asesoría Jurídica del Banco Santander, figura como principal responsable del diseño de las cesiones de créditos, así como de haber ocultado los datos y haber falseado contestaferros a los auténticos titulares de las operaciones, en las diligencias abiertas por el juzgado de delitos monetarios en relación con el Banco Santander. Así se desprende de un auto dictado ayer por el titular de dicho juzgado, Miguel Moreiras.

En el mencionado auto también se menciona que el presidente y el consejero delegado del banco, Emilio Botín y Rodrigo Echenique, fueron informados por escrito en distintas fases por el propio Uclés.La resolución dictada ayer por el juez Moreiras detalla la mecánica operativa del banco en el asunto de las cesiones, una vez que en las diligencias abiertas han prestado declaración más de 50 directivos y empleados de la entidad, entre los que se encuentran el presidente y el consejero delegado.

El magistrado señala que Uclés diseñó la operación de cesión de créditos, que fue ofrecido por el banco a sus clientes como un producto fiscalmente opaco. Cuando la Inspección de Hacienda requirió al banco los datos relativos a esos contratos, la respuesta fue que no se disponía de los datos centralizados y que Hacienda debía recabarlos en cada caso en la oficina que hubiera intervenido. Según el juez se trataba de ganar tiempo, como el propio Uclés expuso al presidente del banco en una carta que le remitió el 4 de febrero de 1991. En la carta se sugería la conveniencia de no contestar a la secretaría de Estado del Ministerio de Economía ni facilitar información, para dar el adecuado respaldo a la "operativa específica". Además habría que advertir a las oficinas en cuestión y al personal afectado para la oportuna "adopción de las medidas pertinentes".

El juez Moreiras atribuye a las expresiones "específica operativa" y "adopción de medidas pertinentes" el significado de que se debía avisar a los clientes que sus datos iban a ser proporcionados a Hacienda, y que si ello no les interesaba, el banco les proporcionaría nuevos impresos en blanco para formalizar por escrito las operaciones que esta vez estarían firmadas por testaferros.

Los datos de los nuevos titulares son los que facilitó el banco a la inspección tributaría. Se trataba de personas a quienes por estampar su firma pagaban entre 30.000 y 500.000 pesetas, o habían fallecido o hacía varios años que no residían en España.

El auto del juez, que mantiene la libertad bajo fianza de dos millones de pesetas para Uclés, precisa que éste "no sólo incitó a proporcionar a la Hacienda Pública datos falsos sobre operaciones financieras con trascendencia tributaría, sino que para que no pudieran sospechar los inspectores de Hacienda que el Banco Santander disponía de la información requerida, que previamente había negado, propuso que se tranquilizara a los clientes del banco asegurándoles que no darían sus datos personales"

Esa conducta revela, según el juez, una decidida y consciente voluntad de facilitar a determinados clientes la posibilidad de defraudar a Hacienda, lo que denota una actitud excepcionalmente contumaz de Uclés.