Dos candidatos a dirigir el Constitucional admiten que la policía cachee sin indicios previos de delito

Dos de los candidatos a dirigir el Tribunal Constitucional en su nueva etapa, Miguel Rodríguez-Piñero y Álvaro Rodríguez Bereijo, han avalado los cacheos policiales "sin la previa existencia de indicios de infracción" en varias resoluciones, una de ellas, evaluada por Interior como "de alto interés policial" y distribuida entre los cuerpos y fuerzas de seguridad. Tales resoluciones hacen temer en medios jurídicos progresistas el uso del voto de calidad de un futuro presidente con tales convicciones. Por lo demás, la dificultad de obtener votos para ser elegido presidente y vicepresidente ha forzado a algunos candidatos a agruparse para optar a ambos.

Las resoluciones firmadas por Rodríguez-Piñero y Rodríguez Bereijo el 26 de noviembre de 1990 y el 28 de enero de 1991 contradijeron la jurisprudencia del alto tribunal, que mantiene que "no existen zonas intermedias entre libertad y detención" y defiende la preponderancia constitucional de la libertad sobre la seguridad. Algunos magistrados del alto tribunal criticaron en su momento tales resoluciones, aunque recordaron que la doctrina constitucional sólo se establece a través de sentencias y no mediante meras providencias de inadmisión de sendos recursos de amparo.'Sin embargo, fuentes judiciales progresistas expresan ahora su preocupación por lo que significa de toma de posiciones de unos magistrados que aspiran a presidir el alto tribunal y que, en consecuencia, pueden ser depositarios del voto de calidad para caso de empate, en la resolución de recursos contra la ley Corcuera o cualquier otro asunto en el que se confronte la libertad con la seguridad. En concreto, la resolución de 1991 -que fue esgrimida por el ministro del Interior, José Luis Corcuera, en defensa- de su proyecto de ley rechazó el recurso de amparo de una ecologista que se quejó de haber sido condenada por resistencia a la policía tras padecer un cacheo infundado.

El argumento para rechazar el recurso de amparo fue que " el derecho a la libertad ( ... ) no puede entenderse afectado por las diligencias policiales de cacheo e identificación, pues aún cuando estas diligencias inevitablemente comportan molestias, su realización y consecuente inmovilización del ciudadano durante el tiempo imprescindible para su práctica, supone, para el afectado, un sometimiento no ilegítimo desde la perspectiva constitucional a las normas de policía, sometimiento al que incluso puede verse obligado, sin la previa existencia de indicios de infracción".

El entusiasmo de Corcuera

Tal resolución produjo entusiasmo en Corcuera y sus subordinados de Interior y la Diección General de la Policía la remitió a las comisarías y brigadas, con la indicación: "De alto interés policial". El comisario general, Pedro Rodríguez Nicolás, encarecía a los responsables policiales que el contenido de tal resolución lo "debe conocer todo funcionario de esa dependencia" y añadía: "Se insiste en la trascendencia de difundir [esta palabra, subrayada] esta resolución del Tribunal Constitucional, sobre todo teniendo en cuenta que existe alguna decisión en sentido contrario de órganos jurisdiccionales de inferior rango". (Callaba que también del alto tribunal y que una providencia no anula la jurisprusdencia.)Los 12 magistrados han iniciado los primeros contactos de cara a la elección, prevista para la próxima semana. Ante lo problemático de lograr individualmente los votos requeridos, se han agrupado para formar tándem el juez Eugenio Díaz Eimil y el catedrático de Derecho Financiero y Tributario Álvaro Rodríguez Bereijo. En cambio, el catedrático Luis López Guerra y el juez progresista Carlos de la Vega mantienen por el momento sus candidaturas individuales (véase EL PAÍS del 5 de julio último). A Díaz Eimil, de 67 años, le restan tres años en el alto tribunal y, a pesar de algunos problemas de salud que le aquejan, ha decidido finalmente presentar su candidatura, junto a Rodríguez Bereijo, de 54 años.

La virtualidad de este tándem reside, también, según fuentes jurídicas del alto tribunal, en que a Rodríguez Bereijo le quedan seis años, con lo que la dirección que ahora se elija podría enlazar con la siguiente, mediante la reelección de éste en 1995. El mandato del presidente y vicepresidente es de tres años, prorrogables por una sola vez. La continuidad de Rodríguez Bereijo cortaría dentro de tres años el paso hacia la dirección del alto tribunal a Rafael Mendizábal, uno de los nuevos magistrados observados con desconfianza desde sectores progresistas y a quien se atribuye gran ambición política. En cambio, desde sectores conservadores se. propicia su candidatura, con fundamento en el gran número de votos obtenido en el Parlamento.

La candidatura conjunta de Díaz Eimil y Rodríguez Bereijo devolvería la inicial presencia equilibrada de catedráticos y jueces en la dirección del alto tribunal. El primer presidente fue el catedrático Manuel García Pelayo y el primer vicepresidente el juez Jerónimo Arozamena. En cambio, en la etapa que presidió el catedrático Francisco Tomás y Valiente fueron vicepresidentes sucesivos los catedráticos Gloria Begué y Francisco Rubio Llorente. El peso numérico de los jueces de carrera es ahora igual al de 1980: cuatro magistrados.