La juez ratifica el auto contra altos cargos de Caixa Laietana

La magistrada Montserrat Comas de Argemir ha ratificado el auto contra el ex subdirector general de Caixa Laietana, Ignacio Serracanta, por operaciones de crédito presuntamente falsas a 27 clientes realizadas por la entidad entre los años 1986 y 1991 por casi 700 millones.

Serracanta presentó recurso el último día de plazo. El director general de la caja, Pere Anton Doria; el interventor, Marcos Zaragoza, y el jefe de préstamos, Ramón Vilaró -presuntamente implicados en estas operaciones, según la juez-, han decidido no recurrir y han quedado fuera de plazo para hacerlo, por lo que implícitamente la decisión de la juez afecta a los cuatro directivos. Su abogado, Miguel Capuz, afirmó que recurrirá la decisión judicial ante la Audiencia de Barcelona, última instancia ante la que cabe recurso.El auto de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona se basa en una denuncia del ex directivo de Caixa Laietana Agustín Oriol. En su denuncia, Oriol, que fue despedido por la caja, responsabiliza a Doria, Serracanta, Vilaró y Zaragoza -integrantes de la llamada comisión de préstamos- de dar créditos simulados para favorecer fiscalmente a sus clientes.

La magistrada dictó un auto la semana pasada en el que afirma que "existen indicios más que suficientes para entender que [por estos préstamos] podrían configurarse los delitos de falsedad en documento mercantil y contra la hacienda pública" (véase EL PAÍS del día 4). Según la denuncia, los supuestos préstamos irregulares eran falsos, ya que ni la caja entregaba el dinero ni el cliente lo recibía.

Estas supuestas operaciones irregulares sobre las que la juez considera que existen indicios de delito "permitían a quienes recibían los préstamos aflorar importantes cantidades de dinero negro, eludiendo el pago de tributos al aflorarlo y posteriormente en la cuenta de resultados al declarar los beneficios".

"Créditos normales"

El abogado de Caixa Laietana niega que la entidad cometiera irregularidades y afirma: "Fueron créditos normales que en muchas ocasiones se amortizaron anticipadamente". Un portavoz de la caja manifestó que todas las operaciones de préstamo fueron legales y recordó que la causa judicial sigue abierta.La magistrada Comas de Argemir ha ordenado a la sección de estafas de la Guardia Civil que tome declaración como testigos a los empresarios que recibieron los préstamos supuestamente irregulares, que serán llamados a declarar en el curso de los próximos días. La magistrada ha rechazado el informe de la fiscal, Carmen Guil, que recomendaba que el caso fuera sobreseído.