La Administración, opuesta a recortar los permisos a los presos

La Administración penitenciaria es partidaria de mantener el actual sistema de concesión de permisos a los internos, tal como establece la Ley General Penitenciaria, según fuentes oficiosas de esa institución. Los mismos medios señalan que el asesinato de la niña Olga Sangrador cometido por Juan Manuel Valentín Tejero, mientras disfrutaba de régimen abierto, no debe cuestionar la validez del sistema. Hace unos días, el ministro de Justicia, Tomás de la Quadra-Saleedo, declaró con tibieza que "no descartaba" algún tipo de reforma.En la actualidad hay unos 4.500 reclusos clasificados en tercer grado, lo que les permite, en unos casos, salir en libertad los fines de semana y, en otros, abandonar la prisión durante el día y regresar a pernoctar.

"El índice de fracasos" [el porcentaje de los que delinquen] registrado entre los internos que disfrutan del tercer grado es sólo del 0,4%, según fuentes penitenciarias. Alrededor de la mitad de tales "fracasos" consisten en delitos contra la propiedad o tráfico de drogas, mientras que les mínimo" el número de homicidios y ataques sexuales.

Cautelas

Las mismas fuentes estiman que la Secretaría General de Asuntos Penitenciarios es "muy cautelosa" a la hora de conceder permisos a los internos. Por eso se opuso a conceder el segundo grado al presunto asesino de la niña de Villalón, considerando el tipo de delitos por los que estaba condenado y que no había cumplido aún la cuarta parte de la condena. Pero el juez de Vigilancia Penitenciaria de Valladolid, Ignacio Sánchez Yllera, estimó lo contrario porque ya habían transcurrido cinco años del delito cometido por Valentín y porque éste estuvo anteriormente en libertad sin causar problemas.

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial. (CGPJ), José Luis Manzanares, declaró ayer a la agencia Efe que son "injustas e imprudentes" las críticas vertidas por el ministro de Justicia contra el juez Sánchez Yllera, de quien dijo que cometió "un trágico error". Manzanares, que se siente "dolido" por esas críticas, considera. que Quadra-Salcedo "no ha sido prudente pues de sus palabras se interpreta que el juez habría actuado contra el dictamen del equipo de tratamiento de la prisión, lo que no es cierto, porque se ciñó al dictamen de la mayoría de los técnicos".

La asociación Jueces para la Democracia pide que no se haga recaer la culpabilidad de este trágico suceso en el juez Sánchez Yllera y que se "refuercen los mecanismos de control que permitan prever la evolución de conductas patológicas".

La Confederación Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) emitió ayer un comunicado en el que expresa su "repulsa" por decisiones judiciales que, como la adoptada en este caso por Sánchez Yllera, provocan "alarma social". Esta central considera que no es aceptable que un juez continúe en el ejercicio de su cargo después de aplicar el tercer grado a un recluso "después de conocer los informes desfavorables de los técnicos y de los execrables crímenes cometidos" por el preso. En la nota, el CSIF muestra su sorpresa por el hecho de que Sánchez Yllera haya tomado cargo como facultativo del CGPJ.