El fiscal reduce la peticion de pena para un dirigente vecinal de Leganés

El fiscal, en sus conclusiones, redujo su petición de pena -30.000 pesetas de multa o tres días de arresto- para Juan Antonio Sánchez, un dirigente vecinal acusado de romper, hace tres años, la puerta del Ayuntamiento de Leganés. El origen del conflicto fue la decisión municipal de celebrar un pleno de entrada restringida.

"Me considero un represaliado político", manifestó ayer Juan Antonio Sánchez, vicepresidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAVM) y presidente de la de Leganés ante el Juzgado de Lo Penal número 13 de Madrid, que lo juzgó por un delito de daños.Sánchez, tras el juicio, ha acusado al Ayuntamiento de haber cargado "baterías contra él debido a las posturas contrapuestas que ha mantenido el movimiento vecinal tanto con el anterior alcalde, Fernando Abad, como con el actual, José Luis Pérez Raez. Ambos estaban citados ayer como testigos por la defensa, pero no acudieron a la vista.

Según ha podido saber EL PAÍS, Pérez Raez estaba ayer de viaje fuera de la ciudad, y Fernando Abad, diputado en la Asamblea-de Madrid, no había recibido la citación. "Es un hecho", concluyó el dirigente vecinal, "que el Ayuntamiento ha intentado desprestigiar y sembrar la duda". Afirmación que comparte también Prisciliano Castro, presidente de la FRAVM, que acudió a los juzgados de la plaza de Castilla y que calificó el juicio de lamentable.

Prisciliano Castro pidió que se retirasen los cargos y ha comparado lo sucedido a Juan Antonio Sánchez con la agresión sufrida por Salvador Torrecilla por querer hablar en un pleno en la capital.

Un pleno polémico

Según el testimonio de Juan Antonio Sánchez y el de los testigos de la defensa que le acompañaron el 15 de marzo de 1989 al pleno, el dirigente llegó a la Casa Consistorial cuando la puerta de cristal ya estaba rota. Sin embargo, un agente de la Policía Municipal testificó que vio cómo Sánchez golpeaba la puerta "con un palo o algo así y la rompía".

Ese pleno fue el único de los que se han celebrado en Leganés con acceso restringido por invitación. En él se iban a debatir dos aspectos polémicos en esos momentos, como la subida del transporte urbano de la localidad y el proyecto de peatonalización de la avenida de Menéndez Pidal. Las restricciones fueron muy protestadas por las entidades ciudadanas, que llamaron a los vecinos a una concentración. Durante el inicio del pleno, más de un centenar de personas provocaron los incidentes que culminaron con la ruptura de la puerta. El letrado de Sánchez pidió la libre absolución de su defendido.

En cuanto al otro encausado, Juan López Madrid, El Ferralla, como le denominaron todos sus compañeros de CC OO durante la sesión, el fiscal retiró la acusación. Consideró que no había quedado acreditado "que tuviera intención y ni tan siquiera contribuyera con su fuerza de forma directa e inmediata a los daños sufridos por la puerta".