Pena de 23 años para el brasileño responsable de la red de prostitución
La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid dictó ayer sentencia contra los siete responsables de la red de prostitución que se desmanteló en Madrid en octubre de 1990.
El brasilefio Carlos Alberto Romão ha sido condenado a 23 años de cárcel, acusado de seis delitos de corrupción de menores y uno de prostitución. Juan Carlos Hernández, abogado de Romão, anunció ayer que recurrirá la sentencia, al considerar que tendría que haber sido acusado sólo de dos delitos de corrupción, pues sólo testificaron dos menores.
Jasías Gómez de Araújo, ayudante de Romão, cumplirá condena de ocho años y seis meses por un delito de prostitución y dos de corrupción de menores.
El resto de los acusados -María Josefa Lombardía, María del Carmen Jaramillo, José Ramón Vega, Santiago Rayán y Patrocinio Díaz- han sido condenados por un delito de prostitución a penas de cuatro años y seis meses cada uno. Los cuatro últimos han sido absueltos del delito de corrupción de menores.
La sentencia considera probado que Romão instaló un "negocio" en la calle de Amaniel, bajo el nombre de Alexander's, en el que se ofrecían servicios sexuales "de toda clase, especialmente de carácter homosexual". Según el fallo, la condición de menores de las personas que trabajaban en la agencia" era conocida por el brasilefio, y éste buscaba a los jóvenes chaperos en la calle o bien los traía de Portugal.
Según la sentencia, Carlos Alberto Romão se quedaba con el 50% o 60% de la tarifa cobrada por los servicios, que ascendía hasta 100.000 pesetas en los casos de prácticas sadomasoquistas. Romáo contrató a Gómez de Araújo, que recibía 40.000 pesetas mensuales por encargarse de las tareas domésticas y de recoger las llamadas de aquellos clientes que reclamaban servicios sexuales de los menores.
Contactos con menores
El tribunal indica que José Ramón Vega tenía un apartamento en la calle de Quintana en el que ponía en contacto a los jóvenes con diversos clientes. Éstos acudían al local a relacionarse con prostitutas. Vega contrató para este servicio a Jaramillo, otra de las procesadas, quien, en dos ocasiones, pidió a Alexander's un menor para mantener relaciones sexuales ante un cliente.El matrimonio Rayán-Díaz tenía otro negocio en General Perón, según la sentencia, donde contrataba a chicas, cobrando un 50% de la tarifa. Este matrimonio ha permanecido en prisión desde 1990, al igual que Romão y Gómez Araújo. El tribunal considera probado que la sauna propiedad de María Josefa Lombardía era un lugar donde se ejercía la prostitución.
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