La polémica por las escuchas centra hoy el comienzo del juicio sobre el 'caso Naseiro'
La polémica sobre las escuchas telefónicas centra hoy el inicio del juicio sobre el llamado caso Naseiro en el Tribunal Supremo. Los magistrados decidirán si suspenden la vista para que se practique una prueba anticipada sobre las escuchas. Las defensas consideran innecesaria esa prueba porque creen ilegal la intervención telefónica y reclaman directamente la nulidad de todas las actuaciones. Los ex tesoreros del Partido Popular (PP), Ángel Sanchis y Rosendo Naseiro; el ex concejal valenciano Salvador Palop y el empresario José Balaguer se sentarán en el banquillo, acusados de conspiración para el cohecho.
El juez que instruyó la causa en Valencia, Luis Manglano, rechazó ayer realizar declaraciones para evitar polémicas y se limitó a decir que "el asunto está en manos del Supremo".Manglano ordenó el 9 de abril de 1990 la detención e incomunicación de los ahora acusados -excepto Sanchis- y de otros sospechosos que han quedado sin cargos. Ángel Sanchis nunca estuvo detenido debido a su condición de diputado. Esa condición es la que obliga a que la vista se celebre en el Supremo.
El juez investigaba la presunta financiación ilegal del PP mediante el cobro de comisiones a diversas empresas a cambio de apoyarles en las contratas de obras y servicios de diferentes ayuntamientos. El actual presidente del PP, José María Aznar, y el anterior, Manuel Fraga, han sido citados como testigos. Fraga responderá por escrito, mientras Aznar acudirá en un día aún no concretado.
La prueba anticipada decretada para hoy consiste en averiguar si las voces de los inculpados corresponden con las que aparecen en las cintas magnetofónicas incorporadas a la causa. Las defensas consideran innecesaria esa comprobación porque todo lo practicado es nulo. Según los defensores, Manglano no era el juez competente, las escuchas son ilegales -entre otras razones porque no se conservan las cintas originales- y, además, existió desproporción entre una medida como la incomunicación y un delito para el que el fiscal sólo pide tres meses de arresto y multa de 20 millones. Las acusaciones, que representan a Unitat del Poble Valencià e Izquierda Unida- elevan sus peticiones a cuatro y cinco años de prisión para Naseiro, Sanchis y Palop. El fiscal no acusa a José Balaguer, presidente del grupo de empresas Etra.
La policía valenciana investigaba a finales de 1989 un delito de narcotráfico en el que, supuestarnente, estaba implicado Rafael Palop, hermano de Salvador. El mismo teléfono era utilizado por los dos hermanos y, además del caso de narcotráfico de Rafael, los agentes comenzaron a sospechar de un presunto cohecho de Salvador. De esas nuevas escuchas dieron parte a Manglano, quien ordenó la continuación de la investigación. Rafael Palop fue detenido por narcotráfico en enero de 1991 y pasó dos meses en prisión. La semana pasada volvió a ser detenido por la misma causa y ahora permanece en prisión.
La dirección del PP aseguró ayer que no está preocupada por el juicio, pero añadió que casos como éste y el del alcalde de Burgos le impiden avanzar en su política anticorrupción. Ángel Sanchis afirmó, en declaraciones a la cadena SER, que se siente "mimado por el PP y por los compañeros".
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