La Comunidad pactará con cada municipio las restricciones de la ley contra la sequia

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará hoy, por la vía de máxima urgencia, una ley de medidas excepcionales para regular el abastecimiento deagua. Esta ley de 10 artículos faculta al Gobierno regional para actuar con emergencia ante una sequía -los pantanos están al 44% de su capacidad-. El poder de la Comunidad, sin embargo, se ha recortado con respecto a las previsiones del PSOE cuando redactó el anteproyecto. Los agentes forestales no tendrán autoridad para entrar en las casas, y las restricciones deberán ser pactadas con los ayuntamientos afectados.

La ley preparada por el PSOE se atribuía muchos poderes, pero los responsables autonómicos eran conscientes de que necesitaban el apoyo de los ayuntamientos, y fundamentalmente el de la capital. El primer texto establecía sólo una limitación general para regar los parques y jardines; atribuía a la Comunidad la competencia exclusiva sobre el abastecimiento de agua y autorizaba a los agentes forestales y ambientales "a acceder a lugares públicos y privados, previa identificación", para velar por el cumplimiento de esta norma.

Estos tres poderes han sido, cuando menos, sesgados por la intervención del Partido Popular. Este partido, que gobierna el Ayuntamiento de Madrid y es oposición en la Asamblea regional, ha presentado 15 enmiendas a la ley, tres de las cuales recortan drásticamente el poder real de la Comunidad.

El texto final, consensuado ayer entre el PSOE y el PP, se olvida de estas intenciones. Las restricciones de agua ahora deberán ser pactadas entre la Comunidad y los ayuntamientos afectados. El Gobierno regional prepara ya la aplicación de esta medida la semana que viene en 27 municipios, sobre todo de la zona norte.

"La inviolabilidad del domicilio es sagrada, sobre todo sin autorización judicial", argumentó ayer Alberto Ruiz Gallardón, portavoz del PP en la Asamblea. El Partido Popular presentó una enmienda -que fue aceptada- para recortar la autoridad de los vigilantes. Las sanciones por mal consumo varían entre las 50.000 pesetas las leves hasta cinco millones las muy graves.

El Ayuntamiento de Madrid planteó otra batalla específica en el capítulo ecológico. La Comunidad quería suspender, en general, el riego a los parques. La ley, al final, limita el uso de agua para las praderas (césped) y los árboles de los parques y jardines no catalogados como históricos, para el baldeo de las calles y para las fuentes, piscinas y aparatos de aire acondicionado sin circuito cerrado de recuperación del agua.