España rechaza exclusiones en la cumbre iberoamericana a causa del régimen político

"No existe vínculo entre nuestra cooperación y el carácter del régimen político de cada país", afirmó ayer el ministro español de Asuntos Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez, al clausurar en Madrid la reunión preparatoria de la cumbre iberoamericana de julio, a la que asistieron representantes de los 23 países participantes, incluyendo cinco cancilleres. El ministro descartaba así cualquier exclusión por motivos políticos de dicha cumbre.

"Esta conferencia responde a una invitación a países que tienen un fondo común", añadió el ministro al contestar a las múltiples preguntas que se le hicieron sobre la participación en la cumbre de países cuyo régimen no responde a los principios democráticos invocados en los documentos aprobados durante la cumbre anterior, en Guadalajara. "Nadie ha planteado que algún país haya llegado a un punto límite que pueda justificar su exclusión de la conferencia, exclusión que de cualquier modo podría aprobarse sólo por unanimidad", afirmó Fernández Ordóñez. Refiriéndose más concretamente al caso peruano, el ministro aseguró de manera un tanto sibilina y sin querer dar más explicaciones: "No he perdido la esperanza de que este problema pueda resolverse antes de la cumbre".

Fuentes españolas que participaron en la reunión aseguraron que los asistentes se cuidaron de no aludir a la situación interna de los países miembros, y se limitaron a una discusión de tipo más bien técnico de los proyectos de colaboración, que giran en torno al campo de la cultura. "Tenemos un caudal cultural común que tenemos que desarrollar", afirmó el ministro español, que anunció que los ministros de Educación de los países iberoamericanos se reunirán pocos días antes de la cumbre para ultimar los detalles de los proyectos.

Uno de los más avanzados es el presentado por el Gobierno boliviano, y que se refiere a la creación de un fondo para la promoción de las culturas indígenas. Su monto, según las primeras estimaciones, alcanzará los 100 millones de dólares, y podrá contar con la participación de organismos internacionales. Se estudia también la creación de una gran cámara de comercio iberoamericana, así como una progresiva convergencia entre los distintos sistemas de seguridad social.