Después del pacto

EL MODELO de generalización autonómica adoptado por la Constitución ha resultado bastante más eficaz e integrador de lo que hasta sus más entusiastas promotores supusieron. Hubo un momento en que pareció que esa generalización, al incidir sobre realidades históricas, demográficas y sociológicas muy diversas, sólo había conseguido generalizar la insatisfacción: en las nacionalidades con genuina tradición de reivindicación nacional se protestaba por el afán uniformizador que los nacionalistas creían ver en el modelo, y entre las consideradas menos históricas se desataba una puja de agravios comparativos, cuyo episodio más famoso fue el del referéndum andaluz. Pero pasé esa excitación y el paulatino asentamiento del sistema fue mostrando que la generalización no implicaba necesariamente uniformidad, y que el sistema se revelaba, así, funcional, articulado y flexible.Funcionalidad específicamente política que algunas situaciones recientemente vividas en otros países han puesto de relieve: la fiebre independentista de Escocia intentó ser canalizada por los laboristas hacia una fórmula autonómica, lo que atrajo hacia ese partido los votos nacionalistas. Pero si ello hizo aumentar la ventaja de los laboristas sobre los conservadores en Escocia, el triunfo de los segundos en el conjunto del Reino Unido ha creado una situación de difícil salida, dado que el programa de los vencedores excluía expresamente la descentralización. Ello demuestra la dificultad de responder de manera sensata y equilibrada a demandas nacionalistas o regionalistas de distinto grado y alcance, como corresponde a los hechos diferenciales subyacentes- en ausencia de un esquema institucional preexistente. El sistema español ha acabado comportándose con gran flexibilidad para recoger esas demandas antes de que degenerasen en extremismos retóricos o callejones sin salida como el de la autodeterminación o el de la insolidaridad regional (ligas del norte de Italia). Además ha permitido una amplia distribución territorial del poder, compatible con el mantenimiento de una política coherente de Estado en los asuntos fundamentales: política económica, defensa y seguridad, fundamentalmente.

Lo que no ha conseguido el sistema autonómico ha sido simplificar y abaratar la administración, como se aspiraba. El último informe de la OCDE sobre España advertía sobre el importante "despilfarro de capital humano y de otros recursos" que había derivado de la superposición de dos niveles de administración producida por la descentralización autonómica. El sistema es además bastante caro. Según el mismo informe, la paulatina reducción del déficit de la Administración central desde 1985 ha ido acompañada de un vertiginoso aumento del de las autonómicas, que ha pasado de representar el 0,3% del PIB hace siete años a más del 1,5% en 1991. Esas cifras reflejan fundamentalmente el aumento del personal laboral dependiente de las autonomías, que es actualmente de 565.000 personas, un 50% más que el transferido por la Administración central.

La superación de algunas de las ineficiencias observadas fue el objetivo del pacto autonómico suscrito hace dos meses por socialistas y populares. Se trataba, sobre todo, de acabar con la situación de provisionalidad que se venía arrastrando, uno de cuyos efectos era impedir una delimitación clara de competencias entre las diversas administraciones. El deslinde establecido en el acuerdo aspira a posibilitar tanto la racionalización de la reforma de la Administración central como unas relaciones más cooperativas entre las distintas administraciones. Por otra parte, los firmantes acordaron un procedimiento de ampliación de las competencias de las comunidades de régimen común basándose en el sistema de delegación contemplado en el artículo 150.2 de la Constitución.

Nadie ignoraba que la ausencia de las diferentes fuerzas nacionalistas era el punto débil del acuerdo, pero se argumentó, con razón, que lo importante era garantizar de entrada el consenso entre las dos fuerzas mayoritarias en las comunidades más directamente concernidas, en la perspectiva de su posterior ampliación. Lo que pocos esperaban, y de ahí el desconcierto, es que de las filas de uno de los dos firmantes, el PP, saliera una iniciativa, la del Fraga nacionalista de 1992, estimable, pero planteada a contrapelo de la lógica de lo suscrito el 6 de marzo; tan a contrapelo como la manifestación que el pasado día 23 recorrió las calles de Zaragoza reclamando la reforma del Estatuto de Aragón -una consigna expresamente dirigida contra el pacto autonómico-, tras una pancarta firmada, entre otros, por el Partido Popular (y agarrado a la cual se dejó ver el alcalde socialista de la ciudad). Lo cual pone de relieve que si el sistema funciona, ello ocurre a pesar de las incoherencias. Y que, porque funciona, puede y debe profundizarse en él.