300 pleitos entre el Estado y las autonomías siguen pendientes
El Tribunal Constitucional tenía, al finalizar el primer trimestre de 1992, más de 300 conflictos pendientes de sentencia, según el último informe sobre la conflictividad jurídica entre el Estado y las comunidades autónomas, del Ministerio para las Administraciones Públicas.
Según el informe -cerrado el 31 de marzo pasado-, los asuntos acumulados y pendientes de sentencia por el alto tribunal son 320, de los que 29 datan de 1985; 55, de 1986; 76, de 1987; 68, de 1988; 50, de 1989; 30, de 1990, y 11, de 1991.
Cuatro impugnaciones por parte del Gobierno contra la normativa autonómica (de 1991), ocho asuntos sentenciados por el Tribunal Constitucional y siete desistimientos de conflictos resumen la conflictividad entre el Estado y las comunidades autónomas en el primer trimestre de este año, según el citado estudio.
A lo largo de 1991 se presentaron ante el TC siete recursos de inconstitucionalidad por parte del Estado -contra distintas leyes de Aragón, Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana, Cataluña (2) y Baleares-, y dos conflictos de competencias -contra decretos de Galicia y de Cantabria-.
Por lo que se refiere a las comunidades autónomas, Cataluña planteó el pasado año dos conflictos contra otros dos reales decretos del Estado. Castilla y León y Aragón presentaron igualmente dos conflictos contra una orden ministerial, pero desistieron posteriormente.
En el pasado ejercicio se produjeron también 12 requerimientos que fueron discutidos y solucionados sin llegar a convertirse en conflictos ante el Tribunal Constitucional, siempre según el informe del mencionado departamento.
A la vista de la conflictividad registrada en 1991 y en el primer trimestre de 1992, fuentes del Ministerio para las Administraciones Públicas aseguraron que sigue consolidándose la "tendencia" iniciada en 1989 de "notable disminución" de los conflictos.
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