Duros ataques en el último pleno del Poder Judicial e intento de censura a Sala

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -que avalará hoy la designación de uno de sus vocales, Eligio Hernández, como fiscal general del Estado se abrirá con la lectura del acta de la sesión celebrada el 25 de marzo, que, según fuentes del Consejo, suscitará polémica, ya que recoge duros ataques a magistrados del Tribunal Supremo -entre ellos, el de que José Jiménez Villarejo quiso asumir de forma irregular la ponencia del caso Julián Grimau- y enfrentamientos entre los consejeros, cuatro de los cuales intentaron censurar al presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Pascual Sala.

El vicepresidente del CGPJ José Luis Manzanares y los vocales Andrés de la Oliva, Julio Padilla y Margarita Mariscal de Gante propusieron que el pleno acordara estimular a la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo para que aprobara "unas genuinas normas, claras y precisas, de composición y funcionamiento de todas las salas y secciones de dicho tribunal y de asignación de ponencias a sus magistrados". Manzanares explicó el fin de que se cumpla la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) respecto a turnos de magistrados para formar sala y asignar ponencias, en evitación de "anomalías".Manzanares estimó que el vigente acuerdo "no objetiva suficientemente los turnos ( ... ), sobre todo la asignación de ponentes" y que "ya en el pasado ha habido cuestionables y cuestionadas asunciones de ponencias por parte de algún presidente y esto es precisamente lo que se quiere evitar ( ... ) [para] prestigiar al Tribunal Supremo". Más tarde, se leyó una carta del presidente de la Sala Quinta de lo Militar, José Jiménez Villarejo, que manifestaba su "profunda indignación" por la propuesta. Manzanares lamentó "que puedan herirse susceptibilidades, pero el señor Villarejo", dijo, "es precisamente de aquellos presidentes de sala que en alguna ocasión ha tratado de asumir determinada ponencia, como la del caso Grimau". [Revisión en 1990 del fallo del consejo de guerra que condenó a muerte durante el franquismo al dirigente comunista Julián Grimau, que fue fusilado.]

El vocal De la Oliva calificó de "ausencia de criterio democrático el valorar las críticas objetiva! sobre el grado de cumplimiento de una disposición legal como ataques a las instituciones o a las personas". Juan Antonio Xiol se opuso a la propuesta por estimar que "supondría una clara interferencia en cuestiones jurisdiccionales" y reprochó a quienes la defendieron "con argumentos y expresiones preocupantes, como las que se refieren", dijo, "a 'irresponsabilidad' o Talta de criterio democrático". Xiol pidió que los proponentes llacIarasen que no están de acuerdo con tales expresiones".

Duda sobre la independencia

Padilla manifestó, entre otras cosas: "No se trata de que se sospeche de nadie, sino de dotar al sistema de una mayor transparencia en el funcionamiento de salas y secciones y cumplir de esa fórma el principio de la predetenninación legal del juez ordinario". Eligio Hernández estimó que Ia simple duda de independencia que recaiga sobre los magistrados ( ... ), proyectada sobre el Tribunal Supremo, atenta contra el sistema democrático". Hernández exhortó a todos a "superar las diferencias".La petición no fue atendida. Mariscal de Gante negó que la propuesta atentara contra la independencia del Tribunal Supremo y se expresó, recoge el acta, "en términos tajantes, rechazando y discrepando de lo dicho por el señor Xiol y el señor Hernández". Seguidamente, De la Oliva expuso sus teorías sobre filtraciones a los periódicos, invocó la libertad de expresión y explicó que cuando "la crítica se toma como un ataque personal ( ... ), no se tiene capacidad para la convivencia democrática". Lamentó "la hipersensibilidad" respecto a la materia e insistió: "La propuesta no es en absoluto un disparate, sino una simple denuncia del incumplimiento de un precepto orgánico".

La dignidad del Supremo

Juan Alberto Belloch reiteró la necesidad de "reparar el daño causado a la dignidad institucional del Tribunal Supremo" al haberse publicado que se pretendía "evitar un tribunal a medida". Manzanares se negó a retractarse y pidió un pronunciamiento concreto del pleno, aunque más suave. "Interesa saber", afirmó, "quien está de acuerdo con el grado de discrecionalidad que propugna la sala de gobierno y quien está en contra".Xiol se opuso, por estimar que el CGPJ "no tiene facultades para dar instrucciones de ningún tipo, ni duras ni suaves, a la sala de gobierno del Tribunal Supremo". Sala agradeció las intervenciones "y especialmente al señor Manzanares su sinceridad" y consideró correctos los acuerdos de la sala de gobierno del Tribunal Supremo que preside. No lo estimaron así De la Oliva y Manzanares y este último insistió en que existen "tremendas lagunas en el acuerdo que hacen necesario el mantenimiento de la propuesta".

La propuesta fue rechazada por 13 votos en contra y siete a favor. Según miembros del CGPJ, con aquella sesión de más de nueve horas de duración -recogida en un acta de 44 folios que hoy se somete al pleno-, quedó definitivamente roto el consenso ya deteriorado el 12 de febrero, cuando se cruzaron acusaciones, con referencias al caso Guerra, a propósito del acuerdo de la comisión permanente, que autorizó a ejercer como juez en Granada a la esposa del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la cual renunció al nombramiento ante el "ataque sectario" recibido.