Los partidos vascos rechazan que el Código Penal obstaculice reinsertar a terroristas

Los partidos nacionalistas vascos han formado un frente único para combatir un aspecto de la reforma del Código Penal: el agravamiento de penas por delitos de terrorismo y narcotráfico. Aun a riesgo de suscitar suspicacias, los nacionalistas apuntan que esta medida representará un retroceso en la lucha contra ETA, al dedicar a sus miembros un tratamiento diferenciado de otros delincuentes, y que contradice el espíritu del pacto de Ajuria Enea.

Las cuatro fuerzas vascas que participan en el Congreso de los Diputados -Partido Nacionalista Vasco (PNV), Eusko Alkartasuna (EA), Euskadiko Ezkerra (EE) y Euskal Ezkerra (EUE)- conciden en el temor de que la reforma dificulte las vías de la reinserción, refuerce el victimismo de Herri Batasuna (HB) y aporte argumentos a la coalición para defender el carácter político de los atentados de ETA. Coinciden en descartar cualquier eficacia disuasoria frente a ETA.Para el diputado del PNV Emilio Olaberría, el apartado de las penas especiales para terroristas y narcotraficantes es un grave error en un proyecto de reforma globalmente positivo y necesario. La previsión de medidas excepcionales para dos tipos de delincuentes procede, afirma el diputado, de "una especial repugnancia social hacia fenómenos como el terrorismo o el narcotráfico, repugnancia que compartimos como el que más".

Pero el problema, añade Olaberría, es que la Constitución, "a diferencia del derecho germánico o la ley coránica, no relaciona la prisión con el derecho de venganza, ni siquiera con el apartamiento del delincuente de la sociedad, sino exclusivamente con la rehabilitación del penado".

El PNV admite y se muestra dispuesto a votar favorablemente el aumento en un grado de cualquier pena cuando el delincuente esté relacionado con bandas armadas, grupos u organizaciones terroristas. El portavoz de EA en el Congreso, Joseba Azkarraga, por el contrario, rechaza también esta medida, "dudosa desde el punto de vista jurídico y constitucional, porque equivale a aplicar diferentes sanciones segun quien sea el delincuente".

Azkarraga considera "un error la tipificación específica de delitos de terrorismo, pero además una grave contradicción con las afirmaciones de que la reinserción por la vía penitenciaria marcha viento en popa y con la tesis del Gobierno de que los terroristas son simples delincuentes".

Arantza Mendizabal anuncia "la posición totalmente contraria" de EE. "No admitimos discriminación entre delincuentes cuando la reinserción es un objetivo y un mandato constitucional", señala.

Koro Garmendia, diputada encuadrada en el nuevo partido EUE, rechaza "cualquier diferencia de trato a ciertos delincuentes porque contribuye a darles un estatus diferenciador, reduce para los demócratas los márgenes de maniobra con las medidas de gracia y reinserción y equivale a renunciar a un instrumento que puede ayudar a ir resolviendo el problema".

Aunque con matices, los cuatro partidos estiman que este aspecto de la reforma roza o toca el espíritu del pacto de Ajuria Enea, que "considera válidas yapoya" las vías de reinserción para quienes abandonen la violencia.