Credibilidad vigilada

LA INMINENTE ilegalización del Frente Islámico de Salvación (FIS) argelino, el movimiento político-religioso de mayor capacidad de convocatoria en las últimas elecciones generales (un 47,5% de los votos, con una proyección de 188 escaños de un total de 206 en primera vuelta; la segunda, que habría dado la mayoría absoluta a los integristas, no llegó a celebrarse a causa del golpe cívico-militar facilitado por la dimisión del presidente Benyedid), ilustra el constante declinar hacia una dictadura del Alto Comité de Estado, órgano máximo de la citada junta civil y militar.La controvertida interrupción del proceso democrático y la declaración del Estado de excepción por parte del nuevo organismo ejecutivo han provocado la polémica en Argelia, una discusión en la que paradójicamente las organizaciones han adoptado posturas insólitas: el FIS, que a lo largo de su campaña electoral no dejó de insistir en la necesidad de sustituir el sistema democrático por un riguroso islamismo, ahora reivindica el respeto absoluto de los resultados electorales. Por su parte, las organizaciones tradicionalmente democráticas, o cuando menos inmersas en un sistema político pluripartidista, han acogido con un largo silencio, si no con complacencia, el golpe cívico-militar. La situación económica, por su parte, es inquietante. Precisamente en ese marco hay que incluir la decisión comunitaria europea de estudiar una zona de libre cambio con tres países magrebíes, Marruecos, Argelia y Túnez, para tratar de estabilizar económica y socialmente la zona.

Ante tan densa situación, los demócratas argelinos mantienen una actitud de reserva con respecto al Alto Comité de Estado, al que han colocado en uÍna situación de credibilidad vigilada. Las señales de alarma de estos sectores se dispararon hace poco menos de tres semanas, cuando se hizo público el decreto de Estado de excepción en el que se contemplaba la creación de campos de concentración para los militantes del FIS cuya conducta, sin ser delictiva, pudiera ser considerada por la Administración constitutiva de un peligro para la paz de la República.

Tal medida administrativa está provocando el rechazo de las asociaciones de derechos humanos locales e internacionales, que reclaman la clausura de los centros por considerarlos contrarios a la declaración de los derechos humanos y que exigen su cumplimiento estricto. La situación se ha complicado desde hace una semana, como consecuencia de la desaparición del Ministerio de Derechos Humanos en el marco de una reestructuración del Gabinete presidido por Sid Ahmed Gozali. Todo ello muestra inequívocamente el rumbo dictatorial de un sistema que intentó, tímidamente, la apertura hacia Occidente y que hoy se encuentra sometido a la tensión entre dos conceptos autoritarios de la vida social y política.