Los Coca se declaran insolventes y solicitan abogado de oficio

Silvia Moroder, viuda de Ignacio Coca, y sus cinco hijos (Íñigo, Borja, Álvaro, Víctor y Otilia Gema) se han declarado insolventes para sufragar los gastos del proceso judicial que pretenden poner en marcha contra la entidad First City of Texas. La familia, en pleno, ha solicitado, por ello, el nombramiento de un abogado y de un procurador de oficio al titular del juzgado número 38 de Madrid, encargado de llevar el caso. El juzgado, a petición del banco norteamericano, embargó bienes por valor de 17.000 millones a la familia Coca por impago.

El juzgado 38, que ocupa Braulio Molina Rodríguez, procedió al embargo de parte de los bienes personales de los Coca tras presentar el First City Texas un procedimiento ejecutivo reclamando una deuda de 14.300 millones de pesetas por créditos no pagados, con unos intereses de 6.500 millones. La familia Coca contrató para su defensa al bufete de abogados J & A Garrigues para preparar en España el contraataque jurídico, en el que también participa el despacho estadounidense Coudet Brothers, para posteriormente realizar la mencionada petición de un abogado y un procurador de oficio, lo que, según fuentes jurídicas, es lo mismo que pedir el beneficio de pobreza.Los miembros de la familia Coca argumentan en su comparecencia ante el Juzgado: "...al carecer de medios económicos para poder sufragar los gastos que se ocasionen, solicitan se les nombre abogado y procurador de oficio para su defensa y representación, respectivamente".

Los Coca esperan que el juez decida, en breve plazo, si cabe la concesión de justicia gratuita. El juez tiene que valorar si cumplen con los requisitos mínimos de insolvencia que, según la ley de Enjuiciamiento Civil, "se reconocerá justicia gratuita a quienes tengan ingresos o recursos económicos que por todos los conceptos no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente". Es decir, el doble de 56.000 pesetas. Los jueces, no obstante, pueden aceptar -por circunstancias excepcionales- que se supere el doble siempre que no rebase el cuádruplo.

Hipotecas

El banco norteamericano, representado en España por el bufete Uría y Menéndez, entiende que no hay razones para que los Coca dispongan de justícia gratuita "ya que es público y notorio que sus abogados son prestigiosos despachos de Madrid y Nueva York [Garrigues y Coudet], además de tener numerosa servidumbre y de residir en una vivienda suntuaria, como lo es el palacio de la calle Orfila 9 de Madrid", según han subrayado fuentes de dicha entidad. Esas mismas fuentes han asegurado que el banco está dispuesto a recurrir si la decisión de la justicia beneficia a la familia Coca.

La relación entre el First City Texas y la familia Coca se inició en julio de 1989, cuando el banco avaló a la familia ante Citibank por la deuda solidaria que tenían con esta entidad por un valor de 14.100 millones de pesetas. La garantía de dicha fianza consistió en la constitución de hipotecas sobre diversos inmuebles propiedad de la familia, directamente o a través de sociedades controladas por ella. No obstante, de dichas hipotecas, según el banco, sólo se pudieron inscribir en el registro de la propiedad las que gravaban a fincas de las sociedades, pero no de las personas físicas.

El Citibank, ante la falta de pago de los intereses, ejecutó la fianza contra First City, que pagó 140 millones de dólares. Posteriormente, según el banco, "la familia Coca no reembolsó ninguna cantidad del principal ni de los intereses".

Los Coca argumentan que se ha llegado a la actual situación por no poseer los poderes para ejecutar sus propios bienes al estar en manos del First City of Texas. Según sus propias palabras, "los herederos de Ignacio Coca se encuentran atados de pies y manos que no les queda otra alternativa que contraatacar jurídicamente contra la entidad norteamericana". Los Coca sostienen que su mayor error fue dejar que el banco norteamericano se quedase como administrador de sus bienes y afirman que han presentado tres candidatos para comprar sus bienes.