La crisis de Cartagena afecta a 500 empresas y puede destruir 30.000 empleos, según el alcalde

La crisis industrial de Cartagena y su comarca, que anteayer se saldó con un fuerte enfrentamiento entre manifestantes y Policía, y el incendio del Parlamento murciano, tiene una dimensión mucho más amplia que la de las tres principales empresas afectadas: Bazán, Peñarroya y Fesa-Enfersa. El alcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, asegura que bajo el paraguas de estas grandes empresas, hay otras 500 pequeñas que podrían desaparecer, lo que pone en peligro casi a la mitad de la población activa de esta comarca que emplea a 60.000 trabjadores.Al negro panorama de crisis industrial hay que añadir las graves dificultades por las que atraviesa el sector agrícola con problemas de salinización, escasez de agua y la consecuente restricción de riegos. Las autoridades regionales se han comprometido a la elaboración de un nuevo plan de desarrollo regional que tenga en cuenta estas nuevas realidades.

El detonante de la presente crisis se inició con el despido de 300 trabajadores de la empresa Portman Golf y la asfixia de la minería en Cartagena, en diciembre del pasado año. Para pasado mañana, 7 de febrero, está previsto el cierre de la fundición Santa Lucía de Peñarroya, con una plantilla de 300 trabajadores, si antes no aparece un socio que quiera comprar sus acciones.

Fertilizantes y astilleros

Las tres empresas de fertilizantes con factorías en Cartagena -FESA, Enfersa y Asur que dan empleo a 1.000 trabajadores- se debaten también en la. crisis general de este sector. Otros 1.000 trabajadores, de los 6.600 de la plantilla de los astilleros de la Empresa Nacional Bazán, están sometidos durante este año a una regulación temporal de empleo. Y la Empresa Española del Zinc (300 trabajadores), propiedad del Banco Central-Hispano, también arroja pérdidas.

El Ayuntamiento, por su parte, se ve impotente para corregir esta situación de crisis generalizada al no poder acometer inversiones importantes debido a su elevado endeudamiento muy superior al presupuesto municipal. La deuda municipal se eleva a 12.500 millones de pesetas, mientras que el presupuesto ordinario del Ayuntamiento es sólo de 9.400 millones de pesetas. Las inversiones nuevas previstas para este año son sólo de 100 millones de pesetas.

Las expectativas de grandes inversiones en el sector petroquímico se retrasan o se diluyen en el tiempo. La multinacional norteamericana General Electric, que debía invertir 320.000 millones de pesetas en 15 años, decidió el pasado año replantearse el proyecto de sus plantas de derivados plásticos ante la crisis en el sector del automóvil. Repsol anunció el pasado año una inversión para el próximo quinquenio de 60.000 millones de pesetas para su planta de refinería en el Valle de Escombreras, pero el proyecto también se ha retrasado.

El Gobierno murciano decidió, ante esta situación, replantearse el PAIC y realizar un nuevo proyecto, sobre las bases del anterior pero aumentando su dotación y ampliándolo a tres áreas más: infraestructuras, turismo y agricultura.

Empresarios y sindicatos reclaman la construcción de la autovía Murcia-Madrid y de la autopista Alicante-Cartagena con prolongación hasta Almería; comunicaciones aéreas, actualmente bloqueadas por el uso restringido a los horarios libres de la enseñanza militar en la Academia General del Aire de San Javier, cuyas instalaciones se usan como aeropuerto regional; reap rtura de la línea ferroviaria Murcia-Andalucía, mejora de las líneas con Albacete y Alicante, y mantenimiento del taller de reparaciones de Renfe en Águilas.

Desertización agrícola

En el sector agrícola, con graves problemas de desertización y salinización de los acuíferos, se reclama una dotación estable y suficiente de los envíos de caudales por el Trasvase Tajo-Segura. Desde hace varias semanas los riegos se han suprimido en toda la cuenca del sureste peninsular ante la situación de los pantanos prácticamente vacíos, lo que puede ocasionar graves daños en la agricultura.

Los agentes sociales, -organizaciories empresariales, cámara de comercio, centrales sindicales y demás entidades cívicas-, consideran que la mejora de las infraestructuras de comunicaciones y la suficiencia de agua son imprescindibles para un desarrollo turístico de la costa murciana y de las comarcas del interior.