El PSOE comienza la negociación para renovar el Constitucional y renuncia a proponer presidente

El Grupo Socialista ha iniciado la negociación para reelegir a José Gabaldón como magistrado del Tribunal Constitucional y elegir entre otros 10 juristas -cinco constitucionalistas, cuatro administrativistas y un abogado- a los cuatro magistrados del alto tribunal que sustituirán a los que cesarán el 22 de febrero. Hay un compromiso de pactar antes de esta fecha y no negociar sobre el futuro presidente, que corresponde ser elegido por los 12 miembros M tribunal. Los salientes son el presidente, Francisco Tomás y Valiente; y el vicepresidente, Francisco Rubio Llorente; y dos más.

También serán relevados los magistrados Jesús Leguina Villa y José Luis de los Mozos, este último por dimisión. Dada la casi segura. reelección de Gabaldón -aunque el PSOE lo incluye también en la lista a negociar-, la dificultad del acuerdo se centra en los candidatos para sustituir a los otros cuatro cesantes. A tres de ellos los elegirá el Congreso de los Diputados y al que sustituirá a De los Mozos, el Senado.Los cinco constitucionalistas están encabezados por el presidente de la Asociación de Ciencia Política y Derecho Constitucional Manuel Jiménez de Parga, que fue ministro de Trabajo en el primer Gobierno de Adolfo Suárez. Completan esta lista los también catedráticos de Derecho Constitucional Pedro Cruz Villalón, Pedro de Vega, Juan José Solozábal y Francisco Laporta San Miguel, este último actual director del Centro de Estudios Constitucionales.

Un antiguo 'fontanero'.

Los cuatro candidatos catedráticos de Derecho Administrativo son Fernando Garrido-Falla -quien asesoró, como letrado de las Cortes, la elaboración de la Constitución-; Lorenzo Martín-Retortillo -senador constituyente en el Grupo de Progresistas y Socialistas Independientes-; Martín Bassols Coma -durante muchos años letrado de las Cortes-; y Luis Ortega, que fue encargado de Asuntos Institucionales en la denominada fontanería o equipo de asesores de la Moncloa durante el primer Gobierno socialista y actualmente es vicedecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha.Completa la lista de 10 juristas sobre la que se negocia el abogado Landelino Lavilla Alsina, ministro de Justicia durante la etapa constituyente, presidente del Congreso de los. Diputados entre 1979 y 1982 y en la actualidad consejero de Estado. Los negociadores han. renunciado a la formación de cuotas por grupos parlamentarios en función del número de: votos y han acordado que todos los elegidos sean aceptables para una mayoría que supere con facilidad los tres quintos de la respectiva Cámara (210 diputados y 153 senadores). A la vista de la relación de candidatos y las especialidades jurídicas de los sustituidos, fuentes jurídicas consultadas por este periódico estiman que Lavilla es el candidato idóneo para cubrir la vacante del civilista De los Mozos (que fue también senador por el PP). Las mismas fuentes estiman que en sustitución de Tomás y Valiente -historiador del Derecho- y Rubio Llorente -constitucionalista- deberían elegirse dos catedráticos de Derecho Constitucional y en sustitución de Leguina -administrativista-, un catedrático de Derecho Administrativo.

Fuentes próximas a los negociadores desautorizaron los rumores que han circulado sobre la elección de magistrados del Tribunal Supremo y recordaron que el cupo de miembros de la carrera judicial se reserva para el momento en que el Consejo General del Poder Judicial deba elegir los dos sustitutos de los dos magistrados que, según la Constitución, le corresponde proponer.

Igualmente, atribuyeron a desinformación o a información interesada las noticias sobre supuestos candidatos elegidos en su día por el Parlamento para otros cargos.

Peces-Barba, descartado.

En cuanto al futuro presidente del Tribunal Constitucional, ante la renuncia de Gregorio Peces-Barba a la propuesta que le hizo el Gobierno, el Ejecutivo ha optado por no negociar ningún candidato para ese cargo.

Fuentes gubernamentales consideran que, tras el malestar que produjo entre los magistrados que permanecerán en el alto tribunal que el Gobierno ofreciera a Peces-Barba el cargo de presidente -que, según la Constitución, corresponde ser propuesto por sus miembros-, "es preferible que el nuevo presidente sea uno de los que continúan en el alto tribunal".