Oferta de plazas y derechos de los soldados

Los jóvenes que vayan a incorporarse a filas recibirán una oferta de plazas, que en 1992 sólo abarca al 13% de los afectados, entre las que podrán elegir los destinos en los que prefieran hacer la mili. Defensa adjudicará las plazas según las aptitudes de los soficitantes -títulos, condiciones familiares, resultado de las pruebas psicofísicas- e intentará tener en cuenta las preferencias sobre el lugar y actividad de quienes no vean satisfechas sus peticiones.En todo caso, cualquiera podrá ser destinado a Ceuta o Melilla y, a la hora de distribuir los destinos no solicitados, deberán utilizarse "procedimientos que aseguren la igualdad de oportunidades", aunque se suprime el tradicional sorteo. Es decir, la mili a la carta tendrá un menú limitado y el chef se reserva el derecho a cambiar los platos.

La nueva ley acaba con el espejismo de que la mili dure 15 años, desde que se cumplen los 19 hasta los 34, y la reduce a su dimensión real: el antes llamado servicio en filas y ahora simplemente servicio militar, que durará nueve meses en lugar de 12. Tras licenciarse, los soldados pasarán tres años en la reserva.

Los militares de reemplazo mantienen sus derechos constitucionales -expresión, reunión, asociación, sufragio, circulación, intimidad o culto-, pero limitados por la disciplina militar. La ley no supone grandes novedades en los derechos de los soldados, pero agrupa y sistematiza normas dispersas, lo que facilita conocerlos y ejercitarlos.

A quienes estén haciendo la mili "no se les podrán encomendar tareas ajenas al servicio", aunque ello no quiere decir que no tengan que limpiar los cuarteles o preparar el rancho. Excepcionalmente se podrá enviar al extranjero a soldados de recluta obligatoria, informando previamente al Congreso. La competencia para juzgar a los insumisos se traslada a los tribunales civiles y se redefine el delito de deserción, que no dependerá del tiempo de ausencia del cuartel, sino de la voluntad de eludir los deberes militares.