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Tribuna:

El déficit democrático de la CE

Las instituciones de la Comunidad son menos democráticas que las instituciones de los 12 Estados que la componen. En ello reside el famoso déficit democrático, fórmula un poco oscura a primera vista. Dicho déficit aumenta a medida que el poder de decisión de las autoridades nacionales va siendo transferido a las autoridades comunitarias. De este modo, mientras la democracia progresa en la Europa del Este, tras el hundimiento de las dictaduras leninistas, da marcha atrás conforme va avanzando la Comunidad. Si la conferencia de Maastricht tiene éxito -como deberían desear todos los europeos- el déficit democrático aumentará, y esto deberían deplorarlo.La democracia exige, en primer lugar, que la Constitución sea elaborada por una representación popular lo más directa e igualitaria posible. En los 12 Estados miembros, asambleas parlamentarias salidas del sufragio universal son las encargadas de establecer y revisar las Constituciones, los debates son públicos y el proyecto votado se somete, en ocasiones, a referendo popular. En la Comunidad, las instituciones de naturaleza constitucional se establecen y revisan mediante actos diplomáticos negociados en secreto. Los Parlamentos nacionales únicamente pueden ratificarlos o rechazarlos en bloque. El Parlamento Europeo no tiene ni siquiera ese derecho, lo que es contrario a la esencia misma de la democracia.

La democracia exige también que los representantes del pueblo decidan las leyes, como es el caso de los 12 Estados miembros, en lo que respecta a las leyes nacionales. Las directivas y otras reglamentaciones vinculadas a leyes comunitarias, se hacen a iniciativa de la Comisión y la decisión final corresponde al Consejo de Ministros. El Parlamento. Europeo sólo puede rechazar en bloque o enmendar los textos que le proponen: en este último caso, el Consejo de Ministros sólo puede ir más allá si hay unanimidad entre sus miembros y, además, si la Comisión apoya la postura de los diputados. La influencia de éstos es, por tanto, muy escasa.

Es cierto que los Parlamentos de Londres, París, Bonn, Lisboa, Madrid no tienen ya capacidad para oponerse a sus respectivos Gobiernos, puesto que cada uno de éstos tiene una mayoría homogénea y disciplinada. Pero ésta puede desembarazarse de los primeros ministros que no le gustan, como fue el caso de Thatcher el año pasado. Por el contrario, el Parlamento Europeo adolece de cualquier posibilidad de presión sobre el Consejo, ya que está formado por los Gobiernos nacionales. Podría censurar a la Comisión, pero ¿de que le serviría, puesto que los miembros de ésta son designados por los Estados? La ausencia de un control real del Parlamento sobre los Gobiernos es el tercer aspecto del déficit democrático tras los déficit constitucional y legislativo.

Durante las negociaciones que finalizan en Maastricht, muchos Gobiernos han afirmado su voluntad de democratizar la Comunidad. Pero finalmente no lo harán más que con cuentagotas. Incluso han dado un paso atrás en lo que a la composición de la Comisión se refiere. Hasta ahora estaba formada por 17 miembros (dos por cada uno de los cinco grandes Estados, y uno por cada uno de los siete pequeños), ahora estará formada por 12 (uno por cada Estado, sea cual sea su tamaño). Así, en votaciones análogas al asunto De Havilland, los siete Estados pequeños, que reúnen 54 millones de habitantes, se impondrían a los cinco grandes, que reúnen a 290 millones. Sólo la creación de cinco comisarios adjuntos con derecho de voto podrá impedir una desigualdad tan flagrante.

En materia legislativa, el Parlamento Europeo no conseguirá tener poder de codecisión, según el cual cada texto debería ser votado en los mismos términos por él y por el Consejo. La democracia exigiría que este último constituyera una especie de segunda Cámara, análoga al Bundesrat (Cámara alta) alemán, formado por los representantes de los Gobiernos de los lánder. El Parlamento va a recibir un derecho de veto final sobre las decisiones del Consejo y esto sólo en determinados sectores. Incluso si consiguiera el derecho de investidura del presidente y de los miembros de la Comisión, el Parlamento Europeo, comparado con los nacionales, sería el más débil de todos, desde el Atlántico a VIadivostock.

Su prestigio se debilitaría aún más si los jefes de Estado y de Gobierno sancionaran la decisión tomada por los ministros de Asuntos Exteriores de celebrar dos veces al año una conferencia de Parlamentos compuesta a partes iguales por eurodiputados y parlamentarios nacionales. Aunque con un carácter únicamente consultivo, esta nueva institución recibiría de cada presidente del Consejo un informe sobre el estado de la Unión, lo que entra en el terreno de las funciones del Parlamento Europeo. Mientras éste no consiga un verdadero poder de codecisión, se opondrá a tal conferencia.

Sin embargo, se podría plantear si dicha conferencia no podría emprender la tarea de suprimir el déficit democrático. En noviembre de 1990, se reunió en Roma una primera conferencia de Parlamentos. Aunque sólo había un tercio de parlamentarios europeos frente a dos tercios de nacionales, votó una declaración final pidiendo claramente la codecisión del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que a la votación de leyes y a la designación de la Comisión se refiere. En la atmósfera de nacionalismo que hoy envuelve a Europa, no es seguro que próximas conferencias enarbolen la misma bandera.

Sin embargo, la solidaridad entre los elegidos por sufragio universal y la lógica de la democracia no podrán impedir por mucho tiempo que los primeros no se sometan a la segunda. Cómo podrían los parlamentarios de los Estados dejar a un lado un principio simple, cuya evidencia salta a la vista: cuando los ámbitos que han estado regulados por leyes nacionales son transferidos a la Comunidad, deben de ser regulados por leyes comunitarias votadas en codecisión por el Parlamento Europeo y el Consejo. Tal principio acabará por establecerse, puesto que es irrefutable. ¿Cuándo? Esa es la cuestión.Maurice Duverger es profesor emérito de la Sorbona y eurodiputado de Izquierda Unitaria Europea.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 9 de diciembre de 1991