La policía intercepta 52 kilos de cocaína destinados a clientes de discotecas

Un alijo de 52,4 kilos de cocaína de gran pureza, destinado al consumo de clientes de las discotecas más lujosas de Madrid, fue intervenido por agentes del Grupo I del Servicio Central de Estupefacientes y del Grupo XIII de la Brigada Judicial de Madrid, según informó ayer la Dirección General de la Policía. En la operación fueron detenidos dos españoles, una colombiana y un venezolano.

Las investigaciones se iniciaron hace varios meses, cuando los agentes empezaron a sospechar que la colombiana Carmiña Rosa Cruz Miramón, de 35 años, hacía labores de intermediaria en operaciones de venta de cocaína "aprovechando que era muy conocida en ciertos ambientes de la noche madrileña". Según la policía, Carmiña "usaba como tapadera su trabajo ocasional como corresponsal de una revista de modas colombiana", motivo por el que solía acudir a desfiles de alta costura y otros actos sociales.La sospechosa entró posteriormente en contacto con José Raúl Zambrano Manchego, de 46 años, de nacionalidad venezolana. Los inspectores encargados del caso presumieron que ambos estaban planeando alguna operación delictiva. La colombiana y el venezolano fueron sometidos desde ese momento a vigilancia.

Cruz y Zambrano hicieron contactos con clientes asiduos de las discotecas Oh! Madrid, Archy, Pachá y otras de alto nivel, lo que indujo a pensar a los policías que ambos estaban buscando personas interesadas en adquirir cocaína. "No es que pretendieran vender la droga para ser consumida en esos establecimientos, sino entre la gente que los frecuenta", explicó ayer uno de los responsables de las pesquisas.

El pasado fin de semana, los agentes antidroga detuvieron a Carmiña Rosa Cruz en su piso del número 39 de la calle de Ponzano, en el centro de Madrid, minutos antes de hacer lo mismo con Zambrano, el cual fue arrestado en el portal de la finca. En un Renault 5 alquilado por él fueron halladas dos maletas que contenían numerosos paquetes de cocaína con un peso global de 52,400 kilos.

Clientes asiduos

El español José María H. M., de 32 años, que vive en otro piso del mismo bloque de la calle de Ponzano, fue arrestado por funcionarios del Grupo I del Servicio Central de Estupefacientes, que le acusan de ser uno de los presuntos eslabones de la cadena de distribución de la mercancía. José María ha declarado que trabajaba como relaciones públicas de una afamada discoteca madrileña frecuentada por yuppies, aunque los investigadores no han podido comprobarlo.La policía arrestó también a José M. S., de 23 años, natural de Cercedilla (Madrid), que presuntamente cumplía el papel de distribuir la cocaína a pequeña escala. La policía cree que José Raúl Zambrano actuaba como controlador de la droga, que muy posiblemente fue introducida en España por un correo, oculta en el doble fondo de uno o varios equipajes.

Zambrano, que llegó a España en compañía de otra persona que regresó a América la pasada semana, solía moverse por Madrid en taxis. Residía en hoteles de cuatro estrellas y almorzaba en restaurantes de lujo. Generalmente pagaba las facturas utilizando tarjetas de crédito expedidas por bancos internacionales lo que posiblemente explica que los policías no le encontraran grandes sumas de dinero cuando le detuvieron.

Redadas policiales

No es la primera vez que la policía actúa contra los grupos que venden cocaína en las discotecas de alto nivel. Ya en diciembre de 1989 fueron arrestadas seis personas, entre ellas un pinchadiscos y dos hijas de un diplomático guineano, acusadas de dedicarse al trapicheo de cocaína entre los clientes de este tipo de locales. En la operación, en la que participaron más de 30 agentes, fue decomisado un cuarto de kilo de droga.Por otra parte, la discoteca Archy, situada en la calle del Marqués de Riscal, fue clausurada temporalmente en septiembre del año pasado por orden de la entonces delegada del Gobierno en Madrid, Ana Tutor, a la vista de un informe policial donde se aseguraba que el tráfico y consumo de drogas se desarrollaba en el interior del establecimiento "sin oposición alguna de la empresa". Después de tres meses de clausura, Archy reabrió sus puertas, tras comprometerse a colocar a dos vigilantes jurados para impedir que los clientes inhalaran cocaína en los lavabos.