España protesta ante la CE por la discriminación de la siderurgia nacional frente al acero del Este

El Gobierno español presentó ayer en Bruselas ante el Consejo de Ministros de Industria de la CE su "enérgica protesta" por la discriminación de la siderurgia nacional frente a las importaciones de acero provinientes de los países del Este. El secretario general de Industria, Alvaro Espina, pidió a la Comisión Europea la aprobación de una cláusula global de salvaguardia contra las importaciones de fertilizantes, que impiden la viabilidad del sector. Advirtió que "el Gobierno tiene imperiosa necesidad de aplicar medidas comerciales".

España "apoya y comparte los objetivos políticos de los acuerdos de asociación" que la CE negocia con Polonia, Hungría y Checoslovaquia, señaló Alvaro Espina. El primero de estos tratados, el destinado a Polonia, iba a ser rubricado el pasado viernes, pero se aplazó sin que la Comisión Europea haya explicado las causas.El origen de este retraso está en la protesta española, que acusa a la presidencia holandesa y al Ejecutivo de la Comunidad Europea de dar "un cheque en blanco", en contra de la siderurgia nacional. Las facilidades financieras ofrecidas al acero del Este superan los 30.000 millones de pesetas. Además, "no existe un enfoque global y no se incluyen garantías suficientes para evitar discriminaciones a la siderurgia española".

Nuestro país reclamó un acuerdo de autolimitación de las importaciones procedentes de estos países, pero el tema fue borrado del orden del día de la reunión del pasado día 15 ("un grave precedente institucional") por decisión unilateral holandesa. Los excedentes de acero de Checoslovaquia, Polonia y Hungría ascendían en 1989 a 6 millones de toneladas, en su mayor parte productos largos y planos, que, según Espina, "compiten con el grueso de la producción española".

Esta situación de agravio se vio acrecentada en la entrevista con el comisario Leon Brittan en la que el secretario general de Industria fue invitado a explicar los planes de ajuste empresa por empresa que se preparan para la siderurgia integral y el grupo Sidenor. Hasta final de año, según Espina, no habrá datos sobre recorte de capacidad y plantillas de un programa individualizado que, a su juicio, no constituye "una nueva reconversión sino un procedimiento radicalmente nuevo de actuaciones de empresa".

Plan textil

A cambio de satisfacer su curiosidad, el secretario de Industria, Álvaro Espina demandó al comisario la aprobación urgente del plan de competitividad para el textil. Presentado por el Gobierno a la Comunidad Europea sin acuerdo de empresarios y sindicatos, el plan contempla 32.000 millones de pesetas de invérsiones para reestructurar este sector en crisis.

Industria solicitó también a la Comisión Europea una cláusula global de salvaguardia para frenar las importaciones de fertilizantes. "España necesita actuar ya", señaló Álvaro Espina al vicepresidente Martin Bangemann, quien le prometió que el próximo día 27 se estudiará una decisión.

España cuenta ya con una cláusula de salvaguardia frente a los demás países de la CE sobre tres productos (urea, nitrato amónico y NPK con más del 10% de sustancia nutriente). Desde junio espera el sí para poder extenderla durante este año y el próximo a los productos sustitutivos que han invadido el marcado español (sulfato amónico, nitrato amónico cálcico y NPK de menos del 10%). A la vez solicita una cláusula global para aplicarla a países terceros, a lo cual se opone el comisario Frans Andriessen.

Las importaciones, según Espina representan ya el 40% de la cuota de mercado interna y "afectan gravemente a la viabilidad de las empresas del sector", cuya reconversión está en marcha. En el caso de Cross, las inversiones previstas no están confirmadas. En el supuesto de que la CE no acepte la petición española, "el Gobierno tiene la imperiosa necesidad de aplicar medidas comerciales", señaló Espina, quien dio a entender que serían medidas contra todas las importaciones, y no sólo las comunitarias.

Por otra parte, el Consejo de Industria aprobó una resolución que marca la estrategia de la electrónica, la informática y las telecomunicaciones europeas, para lograr la competitividad internacional de unos sectores que ahora cosechan un déficit comercial de más de 4 billones de pesetas al año.

Este texto que anuncia planes futuros y abre el camino para una polítiéa industrial comunitaria. España introdujo salvedades para no prejuzgar la negociacion sobre la financiación de las grandes redes de comunicaciones y apoyó, dada las características de la industria nacional, la introducción de una referencia en favor de las pequeñas y medianas empresas.