El fiscal del Estado ordena perseguir con más rigor las infracciones laborales

El fiscal general del Estado, Leopoldo Torres Boursault, ha dado instrucciones a todos los fiscales para perseguir infracciones contra el orden social, en coordinación con las autoridades laborales, a fin de evitar accidentes de trabajo y terminar con la doble incriminación que frecuentemente se produce con actuaciones administrativas y en vía penal. Para Torres Boursault, "no cabe la actitud fatalista o resignada de considerar los accidentes de trabajo el precio a pagar por el incremento de la riqueza y el progreso".El fiscal del Estado considera "una lamentable realidad" el alto nivel de siniestralidad laboral que viene produciéndose y asegura que los resultados dañosos para la vida y la integridad física de los trabajadores no deben atribuirse al riesgo implícito de toda actividad laboral. "Si bien es cierto que el riesgo es inmanente a la prestación de trabajo, a diferencia de otras actividades de ocio en las que el riesgo es asumido voluntariamente, en estos supuestos el riesgo es prácticamente obligado para el trabajador".

Por ello, el fiscal general encarece a los fiscales que siempre que se produzcan resultados lesivos examinen detenidamente si obedecen a comportamientos negligentes por no realizarse la actividad laboral cumpliendo las medias de seguridad establecidas.

Según el documento de la Fiscalía, cuando se produzcan infracciones laborales que puedan ser constitutivas de delito, la Administración trasladará el expediente al Ministerio Fiscal y se abstendrá de seguir el procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no dicte sentencia o el caso sea archivado.

Los fiscales deberán reunirse trimestralmente con las autoridades laborales estatales y autonómicas para diseñar un plan que evite la doble incriminación, administrativa y penal. Cuando los fiscales reciban los expedientes de las autoridades de Trabajo, iniciarán las investigaciones. En el caso de que se desvanezcan los indicios de delito y se produzca el archivo, lo notificarán a las autoridades laborales a fin de que éstas puedan continuar el expediente sancionador.

Semestralmente, las fiscalías deberán remitir al fiscal general la relación de diligencias sobre delitos contra el orden social, especificando el estado de las mismas, así como la sentencia o resolución que ponga fin al proceso. En 1990 se registraron en España 696.703 accidentes de trabajo, de ellos 1.446 con resultado de muerte.