Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
LAS DROGAS Y EL RACISMO

Asociaciones y partidos políticos rechazan las movilizaciones

Diversas asociaciones del sur de la ciudad, incluidas algunas de Villaverde Bajo, han reaccionado en contra de las movilizaciones ciudadanas que protestan contra la droga y el realojamiento de la población marginal. A iniciativa de Izquierda Unida, la junta de portavoces de la Asamblea de Madrid aprobó una declaración conjunta que rechaza estas movIlIzaciones y apoya la política prevista de realojamiento.Tres representantes de la Asamblea Cívica de Villaverde pidieron ayer al Defensor del Pueblo su mediación en el conflicto que se vive en esta zona, informa Efe. La Asamblea Cívica agrupa a diversas entidades sociales de Villaverde Bajo. Su portavoz, Luis Varela, criticó la falta de firmeza de los poderes públicos, como la demostrada por la Delegación del Gobierno al paralizar las obras del asentamiento cercano a Villaverde, lo que "ha llenado de euforia a los vecinos porque creen que han ganado".

La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos redactó también un manifiesto en contra de la presión de grupos ciudadanos". Este texto ha sido firmado, junto a la federación, por cinco asociaciones gitanas y miembros de la Iglesia Evangélica de Madrid. En el escrito se exige que las administraciones públicas "acometan con urgencia y seriedad ros programas que están planteados para la lucha contra la marginación en el municipio de Madrid" y que se articule un "plan de emergencia".

Binomio gitanos-droga

El escrito propuesto por IU a la Asamblea pide el rechazo del "binomio establecido entre gitanos y droga". Exige también que se defiendan los planes de realojamiento establecidos por la Administración y que se incrementen las inversiones en la zona sur de la región. El Partido Popular exigió un pleno monográfico para tratar este asunto.Mientras tanto, el presidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, se dedicó a visitar sin previo aviso y casi en secreto -fue sólo con sus guardaespaldas y Miguel Ángel Pascual, gerente del Instituto de la Vivienda- varios núcleos de población marginal del sur de la ciudad para después, mediante nota oficial, reafirmarse en sus declaraciones de que el problema exige un "consenso social" y no es sólo un asunto de los poderes públicos.

Según Joaquín Leguina, en este conflicto deben implicarse la judicatura, las universidades, los abogados, los empresarios, los sindicatos, las asociaciones de vecinos y toda la sociedad, en suina". Leguina visitó, según informaron en la Comunidad de Madrid, los poblados de chabolas de La Celsa, El Rancho de El Cordobés y San Fermín, tres puntos conflictivos de la ciudad. Los dos primeros, por ser reconocidos mercados de droga y el tercero por acoger a gitanos realojados cerca de Villaverde Bajo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 9 de octubre de 1991