Hasta las cejas

"Estoy convencido de que nos pagarán la deuda, por mucho que diga Solchaga". El recién elegido presidente de Cantabria, Juan Hormaechea, hacía así su reaparición en la escena del poder autonómico a principios de Julio, y echaba por tierra cualquier esperanza de que, en su nuevo mandato, fuera a abordar el problema del endeudamiento de la comunidad cántabra, que se ha saltado los límites establecidos por ley. Desde Madrid, una de las soluciones que se barajan es convencer a los bancos de que no presten más dinero a Cantabria si antes no se presenta un plan de saneamiento para salvar una situación calificada de quiebra técnica, además de plantear al Tribunal de Cuentas que abra una investigación.

CONCHA MARTÍN, Las conclusiones son que a 31 de julio de este año Cantabria arrastraba una deuda formalizada con los bancos por valor de 57.567 millones de pesetas, más otros 28.517 millones pendientes de obtener créditos. En total, unos 85.000 millones de pesetas, cantidad que triplica los ingresos corrientes previstos para 1991 y que supera ampliamente los 15.000 millones de deuda que tenía Cantabria cuando Juan Hormaechea accedió por primera vez a la presidencia, en el año 1987. El presupuesto de Cantabria para 1991 es de 49.911 millones.Lo pendiente de formalizar con los bancos son 17.690 millones de pesetas, resultado de una ley de crédito extraordinario aprobada por el Parlamento cántabro para financiar deudas contraídas por el anterior Gobierno de Hormaechea, y para lo que no se había hecho la correspondiente dotación presupuestaria. A ello hay que añadir otros 7.826 millones previstos en el presupuesto de 1991 y otros 3.000 millones que han aparecido después de la ley de crédito extraordinario y para lo que tampoco existía dotación.

La ley extraordinaria se aprobó "porque nos reclamaban pagos de los, que no existían documentos, ya que se habían realizado de forma verbal y sin pasar por la Cámara y para pagar las facturas que nos encontramos en los cajones", señala Víctor Gijón, portavoz del anterior gobierno de coalición PSOE-PP-PRC-CDS. La situación llegó a provocar la moción de censura que derrocó a Hormaechea y una querella por malversación de fondos (diciembre de 1990) que está en tramitación. Ese gobierno de coalición intentó negociar en Madrid y se constituyó una comisión entre Economía, Haciendas territoriales, Banco de España y Banco de Crédito Local. El intento se quedó en eso tras las elecciones y el pacto Hormaechea-PP.

¿Qué hizo él para merecer esto? Dar rienda suelta a su imaginación, que se ha demostrado sin límites. Además de su afición por los animales -parque natural de Cabárceno (5.000 millones), zoológico de La Magdalena y adquisición del malogrado toro Sultán- y de su pasión por la música -construcción del Palacio de Festivales, 4.000 millones- ha destinado recursos a obras públicas, sobre todo carreteras. Desde la oposición se le califica de "extravagante y populista", con un fuerte tirón electoral, pero sin escrúpulos a la hora de gastar los recursos que gestiona.

El resultado es un nivel de endeudamiento que Cantabria no se puede permitir en relación a sus ingresos, que son fijos cada año y provienen de lo que le transfiere el Estado como porcentaje de participación en la recaudación de impuestos. Si se tiene en cuenta sólo lo presupuestado para este año -a ello habría que añadir la deuda que ha ido aflorando y aún no está claro a qué corresponde-, Cantabria tiene que afrontar este año el pago de 8.120 millones de pesetas entre intereses y amortización de prestamos. El problema es que esta cantidad representa el 31% de sus ingresos corrientes previstos para este año (26.127 millones de pesetas), frente al 25% como límite máximo establecido por la ley.

Según ha puesto de manifiesto el secretario de Estado de Hacienda, Antonio Zabalza, Cantabria es la única comunidad autónoma que se ha saltado este techo del 25% previsto en la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Esta ley establece que el importe total de las anualidades de amortización, por capital e intereses, no debe exceder del 25% de los ingresos corrientes.