Major impone severas restricciones a las huelgas y a la afiliación sindical

El Gobierno conservador británico ha decidido dar otra vuelta de tuerca a la ya severa legislación sindical. Amparándose en la proyectada Carta de los Ciudadanos, presentada el lunes pasado por el primer ministro, John Major, como ley básica de defensa de las libertades individuales, el Gobierno ha publicado un Libro Verde sobre empleo que impone más restricciones indirectas a las huelgas y desfavorece la afiliación a los sindicatos. En los últimos 10 años la afiliación ha bajado de 12 a ocho millones de trabajadores.

Las propuestas legislativas más importantes del Libro Verde se refieren a los trámites necesarios para convocar una huelga y a los mecanismos de afiliación a los sindicatos. Respecto a la primera cuestión, se propone que las votaciones sobre convocatorias de huelga se hagan por correo en todas las empresas con más de 50 trabajadores, para asegurar que "el voto sea libre y no haya intimidaciones", y que en caso de ser aprobada, la huelga se convoque públicamente con una semana, como mínimo, de anticipación. Las cartas con los votos quedarán a disposición de los directivos de la empresa afectada, para efectuar las comprobaciones que deseen.Además, tal como señalaba la Carta de los Ciudadanos, cualquier persona afectada por una huelga o medida de protesta ilegal en los servicios públicos podrá querellarse contra los responsables de la misma incluso si la huelga ha sido efectuada por empleados del sector privado y sólo indirectamente ha efectado a un servicio público. Con ello, dice el documento, se pondrá fin a la "continua vulnerabilidad de la comunidad a las convocatorias de huelga irresponsables".

En cuanto a la afiliación, se imponen dos trabas. La primera, que cada afiliado tendrá que anunciar expresamente cada año su voluntad de permanecer en el sindicato, de manera que no se podrá renovar su carné automáticamente. La segunda que cada trabajador podrá afiliarse al sindicato que prefiera lo cual acaba con uno de los grandes recursos del Trade Unions Congress (federación de sindicatos): regular los flujos de afiliados para mantener el equilibrio entre los distintos sectores económicos. Asimismo, se imponen unas estrictas normas de auditoría y control financiero sobre los sindicatos.

Reacción laborista

El secretario de Empleo, Michael Howard, afirmó que la nueva legislación favorecerá al Reino Unido "porque lo hará más atractivo para los inversores extranjeros". El portavoz laborista para Asuntos de Empleo, Tony Blair, dijo, en cambio, que el Gobierno británico "pretende volver a librar las batallas de los años 70, ya que ha fallado en las cuestiones de los 90: formación profesional, cualificación y desempleo".Los contenidos del Libro Verde no podrán ser traducidos en leyes antes de las próximas elecciones, que se celebrarán como muy tarde en junio próximo. Pero ya han empezado a ser esgrimidos como propuesta electoral de los conservadores en materia de empleo. El Gobierno cree que el electorado sigue viendo positivamente toda limitación al poder de los sindicatos. En cambio, una encuesta encargada por el Trade Union Congress demostraba que la ciudadanía consideraba ya bastante acotado el terreno de actuación sindical, y que las prioridades eran otras.

La Administración conservadora, que llegó al poder en 1979 de la mano de Margaret Thatcher, se propuso desde el principio acabar con la prepotencia sindical que había arruinado a los anteriores gobiernos laboristas. Para ello utilizó cinco grandes leyes. La primera, la Ley de Empleo de 1980, prohibió los piquetes de todo tipo. La Ley de Empleo de 1982 permitió remitir a los tribunales ordinarios cualquier conflicto sindical. La Ley Sindical de 1984 impuso las votaciones secretas en las empresas. La Ley de Empleo de 1988 concedió una larga serie de derechos a los miembros de los sindicatos, especialmente cuando los afiliados entraban en conflicto con los dirigentes sindicales. Por último, la Ley de Empleo de 1990 prohibió toda medida activa de apoyo a las convocatorias de huelga, dio los mismos derechos a los no afiliados que a los afiliados y concedió el voto para aprobar o rechazar huelgas a los trabajadores temporales.