El PP acudirá a la negociación autonómica con un guiño hacia los nacionalistas
El Partido Popular (PP) acudirá a la negociación que proponga el PSOE para alcanzar el pacto de Estado autonómico, pero dispuesto a defender la reforma de los estatutos en contra de la opinión del Gobierno, favorable a delegar competencias a las comunidades que accedieron a su autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución o vía lenta. Paralelamente, el PP lanza un guiño a los partidos nacionalistas más importantes, el PNV y CiU, al recoger en su plataforma, de siete puntos, dos de sus propuestas más sentidas: la representación de las comunidades autónomas en la CE y el cuestionamiento de la figura de los gobernadores civiles, dentro de la reforma de la Administración del Estado.
La posición del PP está recogida en siete principios generales que ayer fueron debatidos en la comisión interparlamentaria del Grupo Popular, de la que salió una petición en la que se insta al Gobierno central a que empiece las negociaciones y critica al Ejecutivo "por mantener la provisionalidad" respecto a la estructura del Estado. De los siete principios generales, dos de ellos son declaraciones tendentes a mostrar "la disposición al diálogo para cerrar el ciclo de la construcción del Estado de las autonomías" y cniticar al Gobierno "por su falta de seriedad al no haber enviado oferta concreta o documento alguno", según los portavoces informantes.Los cinco puntos siguientes hacen referencia a las líneas de trabajo que propone este partido. Los populares desean que las comunidades autónomas que accedieron a la autonomía por la vía del artículo 143 de la Constitución puedan acceder a mayores cotas de autogobierno, según su propia iniciativa, que no es otra que la de poner en marcha a través de sus Parlamentos o asambleas la reforma de los estatutos. Aunque el Gobierno no ha dicho su última palabra a este respecto, su intención política es la de convencer a la oposición que acuda a la otra posibilidad constitucional, esto es, la delegación de competencias del Gobierno central con el instrumento de leyes orgánicas aprobadas por las Cortes con el compromiso de que se intentaría el consenso.
Reforma del Senado
En este punto, los populares incluyen también la reforma del Senado para configurar a esta Cámara como un foro de representación territorial sin que consideren imprescindible la reforma de la Constitución, sino un procedimiento reglamentario que proceda del consenso político.
La financiación autonómica es el cuarto punto del posible diálogo y el PP aboga por la autonomía financiera de cada comunidad sin excluir la corresponsabilidad fiscal. También pedirá al Gobierno que tenga en cuenta la voz de las comunidades autónomas en el ya avanzado proceso de integración europea con mecanismos de coordinación, teniendo en cuenta la incidencia que las decisiones de Bruselas tienen en las competencias de algunas comunidades autónomas. Esta petición, típicamente nacionalista, la han demandado en numerosas ocasiones dirigentes del PNV y de Convergència i Unió.
Otra petición es la presentación urgente de estatutos para Ceuta y Melilla, "pospuestos durante cinco años", según los populares. El Gobierno, durante estos años, ha elaborado distintos borradores para Ceuta y Melilla, que nunca han llegado a la mesa del Consejo de Ministros ni han visto oficialmente la luz, con alusiones siempre a que el momento era inadecuado por la reacción que pudiera tener el Gobierno de Marruecos, siempre sensible a lo que ocurra en esas ciudades españolas.
Hormaechea
Por último, el Partido Popular tratará de incluir en este pacto la reforma de la Administración del Estado en lo que hace referencia a las delegaciones por departamentos ministeriales que aún quedan en diversas comunidades autónomas. A modo de ejemplo, un dirigente popular consideró superflua la presencia de un delegado de Educación en Galicia cuando la competencia en materia educativa la tiene esa comunidad en exclusiva desde hace varios años. Asimismo, los populares pretenden que se debata la idoneidad de la figura de los gobernadores civiles y no verían con malos ojos su supresión en favor de mayores competencias para los delegados del Gobierno.
A la reunión de la comisión interparlamentaria asistió el presidente de Cantabria, Juan Hormaechea, que fue aplaudido por los representantes del PP. Hormaechea anunció que su partido -Unión para el Progreso de Cantabria- será disuelto el próximo sábado para integrarse en el PP.
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