Antejuicio contra tres magistrados y un fiscal acusados de favorecer a 'narcos'

Ayer se celebró en el Tribunal Superior de Justicia de Murcia el antejuicio contra cinco juristas, acusados de formar un grupo coordinado que favoreció a narcotraficantes y otros delincuentes. El fiscal, que reconoció que algunas de las sentencias promulgadas con la intervención de los cinco querellados se podían definir como benignas, en su calificación final no apreció que hubiera materia suficiente para que se admitiera la querella.El abogado de la acusación consideró que había quedado probado la existencia de una relación de interés entre los cinco juristas, mientras que los abogados defensores de éstos pidieron que se desestimara la querella y que se actuara contra sus promotores por acusación falsa.

El antejuicio, trámite procesal necesario por estar aforado uno de los acusados, se desarrolla después de la querella interpuesta por 118 personas, integrantes de diversos colectivos sociales de Cartagena, Madrid y Murcia, de padres con hijos drogodependientes, contra cinco juristas.

Cohecho y prevaricación

De los tres magistrados que integraban la sección segunda de la Audiencia Provincial de Murcia, Evaristo Casado, Luis Vallès y José Antonio de Pascual, los dos primeros están ya jubilados, mientras que el último sigue en activo y preside en la actualidad una sala. Los otros dos juristas acusados son el ex fiscal jefe de la Audiencia de Murcia, Augusto Morales, y un abogado, especializado en la defensa de narcotraficantes, Francisco Valdés. En la querella se les acusa de formar un grupo organizado que cometió delitos de cohecho, prevaricación y falsificación en documento público para favorecer a traficantes de drogas.

En las acusaciones de la querella se pone como ejemplo el caso de cinco sentencias, en las que los detenidos con cantidades de droga aprehendidas de 200 a 500 kilos de hachís, consiguieron penas de sólo un año de prisión, sin que se celebrara juicio, ya que la sala dictó sentencia al estar de acuerdo la defensa y el fiscal en las calificaciones. En estos casos el ministerio público sólo calificó delitos contra la salud pública y no de contrabando, con lo que se hubiera incrementado la pena.

El fiscal jefe del TSJ, Francisco Goyena, dijo ayer que la acusación era un "todo revuelto", y que no se puede sospechar "de todo lo que no nos gusta". Puede, dijo, que existan irregularidades, pero serían de origen administrativo y no halló pruebas culpatorias. Añadió que del movimiento de las cuentas corrientes de los implicados no se constata una relación directa entre unas y otras, en respuesta a la acusación de la acusación de que los imputados actuaron por interés. Durante la celebración del antejuicio se produjeron incidentes en las puertas del Palacio de Justicia, donde se congregaron 200 mujeres que no pudieron acceder a la sala por su capacidad limitada a 30 personas.