Los 370 afectados por el atentado de San Blas reciben las primeras ayudas públicas
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El Ayuntamiento y el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) se han movilizado, con carácter de urgencia, para resolver los problemas inmediatos planteados a las 250 familias y los 120 comerciantes afectados, por la onda expansiva del coche bomba que estalló el domingo junto a la comisaría de San Blas. Unas 50 personas presentaron ayer reclamaciones por daños irreparables en sus vehículos que tenían aparcadas —para "mayor seguridad", confiesan—junto a las instalaciones policiales.
Los comerciantes —que se reunieron por la mañana con el concejal del distrito, Miguel Cantos, y que por la tarde participaron en otra entrevista en la comisaría con representantes del Ivima, el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno—, cifraron sus pérdidas en unos 10 millones de pesetas diarias tan sólo en el concepto de ventas que no se van a registrar. La evaluación económica no se puede extender, por el momento, al género dañado o al material destrozado. La veterinaria municipal que realizó una inspección completa de todo el mercado, calculó en media tonelada la fruta que se ha echado a perder.
Los vecinos de las calles más cercanas a la comisaría, especialmente los que residen en la parcela G de la barriada Gran San Blas, han pasado ya dos noches sin cristales en las ventanas. Los técnicos del Ivima han revisado los bloques más dañados y han empezado a trabajar tapiando ventanas y apuntalando terrazas, que se han convertido en voladizos o simplemente han desaparecido.
500 empleados en la galería
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El edil se mostró indignado con las personas que intentaron boicotear la presencia del alcalde electo de Madrid, José María Álvarez del Manzano, en la manifestación contra el terrorismo del pasado domingo.
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