Los 370 afectados por el atentado de San Blas reciben las primeras ayudas públicas
El Ayuntamiento y el Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) se han movilizado, con carácter de urgencia, para resolver los problemas inmediatos planteados a las 250 familias y los 120 comerciantes afectados, por la onda expansiva del coche bomba que estalló el domingo junto a la comisaría de San Blas. Unas 50 personas presentaron ayer reclamaciones por daños irreparables en sus vehículos que tenían aparcadas —para "mayor seguridad", confiesan—junto a las instalaciones policiales.
Los comerciantes —que se reunieron por la mañana con el concejal del distrito, Miguel Cantos, y que por la tarde participaron en otra entrevista en la comisaría con representantes del Ivima, el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno—, cifraron sus pérdidas en unos 10 millones de pesetas diarias tan sólo en el concepto de ventas que no se van a registrar. La evaluación económica no se puede extender, por el momento, al género dañado o al material destrozado. La veterinaria municipal que realizó una inspección completa de todo el mercado, calculó en media tonelada la fruta que se ha echado a perder.
Los vecinos de las calles más cercanas a la comisaría, especialmente los que residen en la parcela G de la barriada Gran San Blas, han pasado ya dos noches sin cristales en las ventanas. Los técnicos del Ivima han revisado los bloques más dañados y han empezado a trabajar tapiando ventanas y apuntalando terrazas, que se han convertido en voladizos o simplemente han desaparecido.
