Rechazo o afinidad

TREINTA MILLONES de ciudadanos tendrán ocasión de participar dentro de dos semanas en la elección de cerca de 70.000 concejales en los más de 8.000 municipios españoles, y unos 17 millones de entre ellos elegirán además a los 784 diputados autonómicos que integrarán los parlamentos de las 13 comunidades en que ese día se celebran también elecciones autonómicas. En 1977, los españoles con derecho a voto no llegaron a 24 millones, lo que significa que al menos seis millones de jóvenes, la quinta parte del cuerpo electoral, han accedido a la mayoría de edad con posterioridad a la reinstauración del sistema democrático. Para la mayoría de ellos, niños o adolescentes en vida de Franco, la dictadura es una referencia histórica antes que vital, y los recuerdos a ella asociados apenas tienen incidencia en la decantación de su voto.Este alejamiento de las emociones de la transición favorece un comportamiento del electorado cada vez menos marcado por identificaciones ideológicas o adhesiones partidarias incondicionales. Los partidos, por su parte, han ido adaptándose a ese pragmatismo del electorado. Se trata, para empezar, de organizaciones bastante débiles: su financiación depende de los Presupuestos del Estado, y entre todos agrupan a unos 600.000 afiliados, apenas el 2% del censo. Uno de los efectos de esa débil implantación es que en la estrategia de captación de voto resulta más determinante el papel del líder que el de la oferta programática. Y esa oferta obedece más a criterios de mercadotecnia política que de coherencia política o ideológica. Por otra parte, el sistema autonómico de distribución del poder da ocasión al elector de repartir sus preferencias entre distintos partidos en las diversas convocatorias, siguiendo criterios utilitarios antes que de fidelidad a unas siglas.

Estos rasgos tienden a manifestarse de manera más acusada en las elecciones de ámbito inferior al estatal, y particularmente en las municipales, en las que se da una mayor personalización del voto. Por una parte, la oferta electoral se rige por las exigencias del mercado, conocidas a través de las encuestas: ha sido el caso de la vivienda, descubierto en ellas, junto con el de la inseguridad ciudadana, como motivo prioritario de inquietud de los habitantes de las grandes ciudades. El confuso planteamiento inicial por parte del PSOE no ha impedido que todos los partidos se apunten luego a la subasta de ofertas. Pero la intervención del Gobierno, encargado de traducir a fórmulas realistas las propuestas programáticas de su partido, ha provocado un equívoco: si se trata de una decisión formal del Gobierno, la aplicación del plan de financiación ofrecido deja de ser elemento de atracción electoral. De ahí ciertos mensajes socialistas tendentes a confundir al electorado con la idea de que el plan sólo podrá aplicarse si el PSOE gobierna también en ayuntamientos y comunidades.

Por otra parte, la entrada en liza de partidos regionalistas y candidaturas locales suele producir en estas elecciones una mayor dispersión del voto, lo que obliga a la formalización de pactos y coaliciones de gobierno, especialmente en los municipios. Ello tiene repercusiones desiguales en las expectativas de cada partido. En 1987, el PSOE, con el 37% de los votos, obtuvo el 36% de las alcaldías, mientras que el PP (entonces AP) obtuvo el 27% con apenas el 21% de los sufragios. La relación es muy diferente, sin embargo, si sólo se consideran las ciudades más importantes: el PSOE accedió a la alcaldía de 29 capitales de provincia, el 56% del total, mientras que los conservadores hubieron de conformarse con nueve capitales (el 17%).

El desgaste del PSOE en las grandes ciudades -en la mayoría de las cuales lleva gobernando desde 1979- podría favorecer ahora el triunfo de los conservadores en bastantes de esos municipios, de acuerdo con la estrategia de acercamiento al poder por vía municipal enunciada hace un año por Aznar: demostrar al electorado moderado que la refundada derecha es más competente que la izquierda en la gestión concreta. Pero para ello no basta con mejorar los resultados del PSOE, sino que es preciso contar con una política de alianzas capaz de superar a la que puede desarrollar su competidor para mantener las alcaldías y gobiernos de comunidades. Tarea complicada una vez que los centristas de Suárez, principales aliados potenciales de los conservadores, se han decantado hacia el otro lado, y que Izquierda Unida ha reiterado su voluntad de "no favorecer el acceso de la derecha" a las alcaldías, lo que equivale en la práctica a apoyar a los candidatos socialistas.

Así, los ciudadanos son invitados a votar según sus afinidades, pero también, de alguna manera, en función de sus rechazos: contra la posibilidad de que gobierne tal o cual partido, en solitario o en coalición.