García Paredes denuncia que los Juzgados de lo civil está sobrecargados de asuntos que mueven miles de millones

Los 52 juzgados de Primera Instancia de Madrid están sobrecargados de asuntos que, con frecuencia, mueven "miles de millones de pesetas", lo que provoca importantes retrasos en los fallos y un inevitable perjuicio a los litigantes, según revela el decano de los jueces madrileños, Antonio García Paredes. Durante el primer trimestre de este año, las causas civiles se han incrementado un 20% respecto a igual periodo de 1990.

El decano calcula que este año los 52 juzgados de Primera Instancia tendrán que resolver unos 93.600 procedimientos, el doble de los fijados como adecuados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).El decano sostiene que muchos jueces jóvenes de Primera Instancia "están estresados por la complejidad y cantidad" de asuntos que se ven obligados a dirimir. Esta tensión, opina, se debe en parte a la insuficiencia de medios y a la "crisis de identidad que está atravesando la Administración de justicia", lo que merma la actividad de los jueces, señala. "La creación de nuevos órganos Judiciales no es la solución del problema", agrega.

La falta de espacio físico es, por otra parte, uno de los principales problemas que soportan los casi 140 juzgados enclavados en las instalaciones judiciales de la plaza de Castilla, a las que diariamente acuden del orden de 5.000 personas, incluidos los funcionarios.

El Ministerio de Justicia está estudiando trasladar, a corto plazo, las distintas secciones de la Audiencia Provincial de Madrid, ubicadas ahora en la plaza de la Villa de París, a uno de los dos mastodónticos edificios judiciales de la plaza de Castilla. La idea de Justicia es aglutinar todos los órganos judiciales penales de rango medio en los mencionados edificios.

Las secciones de la Audiencia Provincial quedarán, pues, enclavadas en el edificio en que se alojan ahora los 52 juzgados de Primera Instancia. Estos, según este proyecto, se trasladarán a la antigua fábrica de tabaco, en la glorieta de Embajadores. Por tanto, la idea de construir una gran ciudad judicial en Arturo Soria queda desechada, según García Paredes.

García Paredes considera que la actual "indefinición" que sufre la Administración de justicia obedece a la falta de "una cabeza política judicial" que actúe "como un hilo conductor y que defina el proyecto estatal de justicia". "En la actualidad existe una especie de esquizofrenia entre el CGPJ, el Ministerio de Justicia y los jueces, y no creo que el ministerio pueda erigirse en ese hilo conductor".

"No sabemos qué formación ni qué tipo de jueces queremos, cuál ha de ser nuestra organización interna; falta dilucidar y concretar el papel del secretario y de los procuradores". Todo esto, argumenta el decano, fomenta la indefinición del aparato judicial.

Respecto a los jueces de lo social, el decano asegura que, pese a resolver asuntos muy complejos de dimensión nacional, disponen incluso de menos medios que los de otras provincias. Los juzgados de lo social atendieron durante 1990 casi 7.000 demandas relativas a despidos.1296 convenios colectivos, algo más de 1.000 exhortos y otros 30.000 asuntos variados.