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La cultura y el 'interés general'

En la historia moderna de la ideas, y en particular en la filosofía política -desde Platón , Rawls-, se ha discutido el con cepto de bien común. La discusión ha sufrido las más diversa variaciones; una de ellas identifica el asunto con el interés general. A los ojos del profano resulta curioso que una discusión tan prolija y matizada no hay, dado lugar a un esclarecimiento efectivo de la noción examina da. Quizá sea ésta una pretensión vana, que ignora los intrincados mecanismos de formación de la opinión. Aclarar esta cuestión sería una tarea muy compleja; de lo que aquí se trata es de mostrar que resulta inoperante y arriesgado, en el plano político, sostener nocionei contradictorias en sí mismas tal como lo es la de interés general.

Por otro lado, renunciar a aclarar una cuestión como ésta equivaldría a perder uno de los signos de identidad que la izquierda considera irrenunciables: preservar a la razón de asaltantes y manipuladores Hay que recordar a este respecto que la conexión que debe establecerse entre teoría y práctica es de una gran complejidad (tenida bien en cuenta por la mejor tradición marxista); sea cual sea la fórmula que se ensaye, tendrá que mostrarse respetuosa con el principio que exige la más escrupulosa consideración hacia la teoría bien establecida. Si hubiera que justificar esta última no habría más que reconocer que se debe identificar con el discurrir racional, esto es, libre de contradicción, confusión o deshonestidad. Una política de izquierdas necesita tener a su disposición un discurso caracterizado por esos atributos si no quiere correr el riesgo de volverse inviable. (Porque la existencia de derechas e izquierdas -y con ella la de una política cultural de izquierdas, diferente de la que pueda articular la derecha- sigue vigente. Joan Brossa lo ha recordado -en unas declaraciones a El País Semanal- muy plásticamente: "Eso de que ya no hay derechas e izquierdas son puñetas. Mire, por ejemplo, la cultura catalana y cómo la burguesía protege a sus pupilos, y hablan de Rusiñol y Maragall, pero apenas de Nonell".)

Desde estas consideraciones, convendría reiterar un argumento -bien conocido por los expertos- que establece la nulidad de la idea de interés general. El llamado interés general, en su formulación habitual, afirma que es posible identificar acciones que resultan en beneficio de la sociedad, esto es, de todos los ciudadanos. De todos y cada uno. El argumento que demuestra el carácter autocontradictorio de la idea de interés general es simple: no hace más que señalar la incompatibilidad interna de la noción de todos y cada uno cuando se aplica a la defensa de intereses que íncorporan (en sí mismos y en los procedimientos que implica su implantación) la diversidad. Esta situación se manifiesta con la mayor claridad en aquellos casos que, según se supone, representan mejor que otros aquel interés general. Pongamos, por ejemplo, el caso.del orden público o de la sanidad pública: se suele decir que la mejora de esas instituciones coincide con el interés general.

Esto es falso, puesto que lo es también que cualquier modelo de preservación del orden público o de mejora de la sanidad pública responda al interés general. Así, desde la izquierda suele optarse razonadamente por un modelo dado, apelando a criterios más refinados que el del interés general que, sin matices, es utilizado con frecuencia por la derecha. (Este argumento se halla expuesto con rigor y brillantez por Rush Rheees en Without answers, Londres, 1969).

Algo parecido ocurre con los distintos modelos que para la mejora de la educación se discuten en el terreno que les corresponde (y que es, de nuevo, el del debate político): desde una cierta perspectiva, se defienden diversas alternativas de privatización; desde otra, se propone intervenir en la transformación meliorativa del servicio público. Otro ejemplo lo proporciona la defensa de la lengua propia en las sociedades que la poseen: por formar parte del patrimonio cultural de una colectividad -o cuando se la tiene por una de sus señas de identidad-, parece evidente que es necesario garantizar su preservación. También en este caso se habla de interés general; pero dependerá de la fórmula utilizada que el trato diferenciado (y hasta privilegiado) que debe dedicarse a la lengua en situación de precariedad no constituya una lesión de los legítimos derechos de los hablantes de la otra. El equilibrio es sumamente difícil; caben diversas opciones, pero ninguna puede arrogarse la cualidad de ser la única -la mejor solución- representante del interés general. Una vez más, dicha solución se obtendrá a través de la concurrencia efectiva de los diversos intereses en juego.

Ahora bien, en el ámbito de la cultura no existe esta misma claridad de ideas (al menos entre nosotros). Se habla de fenómenos culturales y hasta de bienes culturales presuponiendo que son de la mayor utilidad pública -de interés general-.Es evidente que en cierto sentido puede que así sea; pero cuando se hace esa observación es en medio de un debate -que vuelve a ser un debate político- en el que se decide sobre la dimensión cuantitativa y cualitativa del hecho cultural y sobre la dotación de recursos que se le ha de atribuir; esto es, en medio de un terreno particularmente complejo.

Si se acepta que por ser la cultura un bien para todos y para cada uno es un bien controvertido -por lo dicho anteriormente-, ya no hará falta esperar a la discusión sobre el procedimiento que se ha de seguir para adoptar ciertas cautelas. Al serpara todos, no puede dejar de alcanzar a nadie; al ser para cada uno, surgen inevitables y genuinas discrepancias sobre lo que a cada uno -o a diversos sectores, o clases, o capas sociales- interesa. Las opciones pueden ser tan dispares como lo permite el amplio marco que aloja a la multitud de los individuos y a la enorme diversidad de las expresiones culturales.

Se requiere aquí la misma atención y discernimiento que se pondría en juego ante casos como los del orden público, la sanidad, la enseñanza o la preservación de las culturas minoritarias. Las precauciones a que se ha aludido han de ser tenidas en cuenta con el mayor escrúpulo cuando -como ocurre en España- la promoción de la cultura todavía encuentra su principal y casi exclusivo soporte en el Estado.

Por lo que a esto último se refiere, durante los últimos tiempos, el panorama cultural -visto desde la perspectiva del político y también desde la del ciudadano medio- ha experimentado una interesante transformación. Se trata de la dimensión alcanzada por el mecenazgo o patrocinio privado de actividades culturales; esto no es más que un indicio de la ineludible conversión del fenómeno cultural en un importante hecho económico, y tiene una incidencia directa sobre el propio fenómeno cultural.

Se hace necesario, pues, reflexionar sobre estos aspectos de la cultura y de su promoción; y es necesario hacerlo evitando confusiones conceptuales como lo es -repitámoslo para terminar- la de tomar el interés de todos y cada uno -una diversidad de intereses- por un presunto interés general, cuya principal característica es, en el mejor de los casos, una insana univocidad. Desde una perspectiva democrática, la reflexión que se propone es una tarea irrenunciable. Ni la más exquisita de las políticas culturales está libre de error; no vale la pena aludir a las que se presentan, con toda desfachatez, como negación de los valores más elementales. En un contexto democrático -y sólo en él- cabe, no obstante, una solución, o una serie de intentos de solución, para este conjunto de problemas.

es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Valencia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0005, 05 de mayo de 1991.

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