Pocas pruebas, muchos polvorones

El puzzle no casa. Faltan piezas y las que hay parecen de rompecabezas distintos aunque el tema sea el mismo: indicios de corrupción en el entramado de la justicia gaditana. Todo comenzó al descubrir se la liberación, mediante órdenes falsas, de varios acusados de narcotráfico. Luego se encontraron tres cheques de un abogado en las cuentas bancarias de dos funcionarios de la Audiencia. El letrado asegura que el mayor, de 100.000 pesetas, era para pagar un encargo de polvorones y no se ha demostrado lo contrario. El fiscal jefe, que ha ordenado revisar decenas de sumarios, no descarta posibles conexiones con la corrupción policial de Algeciras.

Marzo de 1989. El entonces juez de San Roque, Ramón Sáez, se queda de piedra al leer el telegrama de la prisión de El Puerto de Santa María. El texto acusa recibo de la liberación de un marroquí preso por narcotráfico a disposición de la Audiencia Provincial. Pero el telegrama previo con la orden de libertad era falso. No era el único. Poco después, se detectaba además la introducción en un auto de un interlineado también apócrifo para ordenar, desde la Audiencia, la libertad de otra acusada de tráfico de drogas, María José López.Por esa época, un registro en el domicilio del industrial de San Roque Juan Villa Lora, frecuente intermediario entre delincuentes y abogados, permitió ocupar documentación, pero no culparle de delito. En el dietario de Villa aparecían, además de nombres de abogados y referencias a diversos casos -entre ellos algunos en los que se demostraron libertades irregulares-, los teléfonos de dos funcionarios de la Audiencia, Manuel Núñez y José Adame. Las pesquisas policiales se centraron sobre ambos.

Según publicó Diario 16 y confirmó el juez Sáez, en la cuenta de Núñez se descubrió el ingreso de un talón de 100.000 pesetas del abogado Ricardo Fernández de Vera en la Navidad de 1987. Este letrado también entregó dos cheques de 10.000 y 25.000 pesetas a Adame.

Los dos funcionarios y este abogado prestaron declaración por los hechos. No se pudo pro bar delito y, en mayo de 1990, el caso se archivó provisionalmente. Fernández de Vera aseguró a EL PAÍS que entregó el talón a Núñez en pago por los polvoro nes encargados por el propio le trado como detalle navideño para funcionarios de la Audiencia. Las 35.000 pesetas a Adame fueron "un préstamo, luego devuelto", para paliar un bache económico, afirma.

Aquellos dulces se han vuelto amargos, pero no se han demostrado irregularidades en los casos que lleva este abogado. Las órdenes falsas de libertad fueron para presos defendidos por otros letrados. La pieza de los cheques no encaja con las libertades falsas. No obstante, según Diario 16, en el domicilio de Núñez se encontraron telegramas y oficios de búsqueda y captura que debían haber sido remitidos a la Dirección General de Policía. El funcionario se defiende: "Sólo eran acuses de recibo".

La publicidad dada a estas diligencias ha desencadenado una fuerte tormenta en la justicia gaditana. El Colegio de Abogados recuerda que la presunción de inocencia es un derecho inalienable. Los funcionarios de la Audiencia y de los juzgados se sienten en el ojo del huracán.

Según el fiscal jefe, Jaime Ollero, el archivo de las diligencias fue más aparente que real. El fiscal asegura que, según sus informaciones, la Brigada Anticorrupción de la Policía continúa buscando la posible relación de alguno de estos hechos con la red de policías de Algeciras acusados de narcotráfico el pasado verano. "El posible eslabón no ha aparecido", reconoce.

La Dirección General de la Policía niega rotundamente estas pesquisas. Sin embargo, la palabra corrupción no suena extraña en la zona que, en el último año, ha asistido a la desarticulación de dos redes policiales, una vinculada al tráfico de drogas y otra a los visados falsos.