El despacho de Juan Guerra tuvo un coste de 136.360 pesetas, según los peritos

El despacho que utilizó Juan Guerra en las sedes del Gobierno central en Sevilla tuvo un coste, entre 1983 y 1989, de 1.136.360 pesetas, según el informe emitido por los peritos auditores a quienes el juez Angel Márquez encargó su elaboración. El informe, al que ha tenido acceso este periódico, delimita el cointenido del informe "a la valoración pericial de los gastos que, de entre los Presupuestos Generales, le son imputables al despacho que presuntamente utilizó Juan Guerra en las dependencias del Gobierno Civil y de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Los peritos auditores imputan un gasto al despacho de 121.625 pesetas en 1983-1 161.652 en 1984; 178.974 en 1985, 200.58,8 en l986, 176.805 en 1987; 200.541 en 1988 y 96.175 en los últimos seis meses de 1989 en los que Juan Guerra utilizó el despacho.Según consta en el informe presentado al juez, que éste ha considerado inoportuno pedir su ratificación, los despachos objetos del informe y periodos considerados son: Gobierno Civil (Torre Norte de la Plaza de España), entre el 15 de enero de l 983 y el 30 de marzo de 1983 y del 1 de julio de 1988 al 30 del 6 de, 1989)". Así como el de la delegación del Gobierno en Andalucía (Torre Sur de la plaza de España) del 1 de abril de 1983 al 30 de junio de 1988)"

Los conceptos de gastos que los peritos han seleccionado son los que "ocasionan un incrementodel gasto real, tales como "teléfono y electricidad" y los que, "no implicando un incremento del mismo, si están relacionados directamente con la utilización del despacho de forma necesaria", tales como "personal de recepción y limpieza".

Los auditores explican que han excluido otros conceptos tal es, como "conservación y reparación, publicaciones, prensa, transportes..., debido a que no rexiste constancia de su empleo", y desestiman la valoración del concepto de "amortización del mobiliario y, del edificio", por no estar "relacionada con la implantación del despacho 5, no constar en las partidas presupuestarias".

Las fuentes de información utilizadas, según el informe pericial, son las liquidaciones de presupuestos del Gobierno Civil y de la Delegación del Gobierno en Andalucía; un informe Je la policía judicial sobre los teléfonos de los despachos; y los 1,1formes sobre la superficie de éstos, el coste de personal de recepción y limpieza, y el número de despachos suceptibles de visitas, remitidos por el Gobierno Civil y la Delegación del Gobierno.

Los peritos aplican para aplicar los costes cinco criterios de valoración. Entre ellos, aplican para determinar el coste de la electricidad, el consumo del material de limpieza utilizado, y los gastos derivados del coste de personal de limpieza, las proporciones físicas de los despachos en relación a la sede. Es decir, el despacho de la Delegación del Gobierno ocupaba el 0,46% de la sede, mientras que el del Gobierno Civil ocupaba el 0,5%. Como ejemplo, durante todo el año de 1984 al despacho de Juan Guerra se le atribuye un gasto de consumo de limpieza de 166 pesetas, 15.929 del personal de limpieza y 18.271 pesetas de consumo de electricidad.

Respecto al coste del personal de recepción los auditores se plantearon usar otro criterio, al menos curioso. "Determinar la proporción existente entre el número de visitantes al despacho y el número total de visitantes y, aplicar la proporción obtenida al coste de una persona de recepción". Esto no fue posible aplicarlo por no disponer de información por lo que optaron por determinar el coste de un empleado de recepción y distribuirlo entre las dependencias suceptibles de visitas.

Insuficiencia de medios El fiscal jefe del TSJA, Luis Por tero, ha advertido de la insuficiencia de medios que padece la sala de lo Civil y de lo Penal de este tribunal, al que será remitido el caso, informa Alejandro V. García. La sala, a la que la ley adscribe tres magistrados, es atendida por uno, tras la dimisíón del presidente del TSJA, y la enfermedad y posterior jubilación de un tercero. Sobre el magistrado Juan José Ruiz-Rico, designado por el Parlamento andaluz, recaé la investigación de varios casos contra personas aforadas de gran complejidad. Portero explicó que por una serie de vicisitudes la sala pasa por una situación difícil y no tiene fácil su trabajo", y que tres magistrados son ya de por sí "insuficientes". El Consejo del Poder Judicial nombrará el día 24 al presidente del TSJA. El presidente en funciones, Antonio Angulo, dijo en cambio ayer que en el TSJA "hay medios suflicientes" para instruir el caso.

Quién sea el ponente en el caso Guerra está por decidir, aunque es probable que la responsabilidad recaiga en el propio presidente del TSJA que será designado por el Consejo General del Poder Judicial el día 24. Angulo desmintió que vaya a serlo el magistrado Ruiz-Rico, al que incluso se ha criticado desde ciertos medios por su antigua vinculación con el PSOE.