Carrera sindical

A LA batalla de los preavisos, desencadenada en vísperas de las elecciones sindicales, ha sucedido tras su celebración la del recuento de actas electorales. Han pasado casi cuatro meses desde que concluyeron los comicios y todavía no se conocen los resultados oficiales. Sólo se sabe que UGT fue la central que más delegados registró en las delegaciones de Trabajo y que CC OO niega esa ventaja, atribuyéndola a actuaciones irregulares en las pequeñas empresas. En suma, los dos grandes sindicatos se hallan enzarzados en una áspera batalla por el primer puesto con la impugnación masiva de actas ante la Inspección de Trabajo y los juzgados de lo social. Se repite, pues, el escenario de 1986, cuando se tardó seis meses en proclamar los resultados definitivos. El desarrollo de las elecciones ha sido un calco de las anteriores: las mismas acusaciones y el mismo relativo desinterés del conjunto de los trabajadores por la pugna electoral. Una actitud que está relacionada con la escasa afillación sindical, que en España se sitúa en un 11%, frente al 82%, de Dinamarca, el 45% de Italia y del Reino Unido o el 16% de Francia. La principal diferencia entre estas elecciones y las anteriores estriba en la llamada batalla de los preavisos. Comisiones Obreras se adelantó esta vez a UGT en la presentación de un preaviso generalizado de elecciones en 200.000 pequeñas empresas. Esa actuación estuvo a punto de dar al traste con la unidad de acción dificultosamente puesta en pie por las dos centrales mayoritarias. La herida abierta con este motivo, apenas restañada, amenaza con profundizarse aún más con la refriega desencadenada por el recuento electoral. Todo ello configura un panorama desalentador que bien merecería una reflexión por parte de los máximos responsables de los dos grandes sindicatos con vistas a la celebración del Primero de Mayo.

El recuento de las votaciones, mientras tanto, permanece bloqueado en provincias decisivas como Madrid, Barcelona, Valencia y las principales capitales andaluzas, debido a la impugnación de miles de actas por parte de alguno de los sindicatos en liza. Las actas se amontonan en las inspecciones de Trabajo y en los juzgados de lo social. Y mientras las comisiones provinciales no terminen su tarea, la comisión nacional no podrá proclamar los datos oficiales.

La elaboración de una nueva normativa no es suficiente para acabar con esta escandalosa situación, impropia de toda confrontación electoral, sindical o no. Cualquier reforma será ineficaz si alguna de las partes se empeña en buscar la trampa de la ley para lograr la primogenitura. Es ésta una aspiración legítima, pero no implica ninguna ventaja estrictamente sindical, y desde luego no justifica el bloqueo de los resultados electorales durante meses. Desde las primeras elecciones democráticas quedó claro que los dos sindicatos mayoritarios son UGT y CC OO a nivel general, y ELA-STV en el País Vasco. Desde entonces no se ha producido ningún cambio significativo en el mapa, ni grandes vuelcos en las medianas y grandes empresas.

La pugna y las sospechas de falta de democracia encuentran su campo abonado en las pequenas empresas. Para que el proceso electoral se desarrolle con todas las garantías es preciso que la Administración disponga de un censo actualizado y completo de las empresas y de sus plantillas respectivas. Sólo así será posible convocar elecciones en centros de trabajo reales y posteriormente comprobar si los delegados elegidos pertenecen a esa empresa concreta y si el número de representantes se corresponde con la plantilla.