La juez del 'caso Brouard' pide el contenido de una investigación secreta sobre los GAL

La juez encargada del caso Brouard, Isabel Durántez, ha solicitado a la Audiencia Nacional copia íntegra de las actuaciones del Juzgado Central número 1 en relación con una investigación sobre los GAL. Estas pesquisas, mantenidas hasta ahora en secreto, fueron conocidas por la juez a raíz de la última declaración de Miguel Ángel López Ocaña, a cuya celda de la prisión de Valladolid se trasladó en octubre pasado el juez Carlos Bueren.

López Ocaña recibió el año pasado en la cárcel, donde cumple condena por el asesinato de su cuñado Alberto Granados Céspedes, una carta anónima que contenía "un organigrama de los GAL" y datos sobre el asesinato de la fiscal Carmen Tagle, perpetrado por la organización terrorista ETA, según relató a la juez Durántez. El convicto asegura haber remitido a su vez el documento por correo a la Audiencia Nacional.Días después recibió una llamada telefónica del titular del Juzgado número 1 de Instrucción Central, Carlos Bueren. El magistrado se trasladó a la prisión a finales de octubre y requisó toda la documentación en poder de López Ocaña. Según el preso, más tarde le fueron devueltos parte de los documentos sellados, pero no todos.

López Ocaña reconoció a la juez Durántez, en cambio, que la investigación permitió al magistrado Bueren conocer la existencia de un montaje para concertar declaraciones en torno al caso Brouard. El testigo insinuó haber recibido instrucciones acerca de lo que debía declarar, en cartas anónimas que se identificaban con la "contraseña Alcalá".

Rectificaciones

El testimonio de López Ocaña fue decisivo para procesar a Juan José Rodríguez Díaz, El Francés, por colaboración necesaria en el asesinato, al haber suministrado las armas al comando ejecutor del dirigente de Herri Batasuna. Más tarde negó su declaración inicial y mantuvo que había conocido a El Francés cuando ambos se encontraban ya en prisión. En su última declaración, sin embargo, volvió a rectificar, e insinuó que Rodríguez Díaz, con quien ha solicitado un careo, se encuentra detrás de la "contraseña Alcalá".Fuentes del hospital Gregorio Marañón de Madrid han confirmado, por otra parte, el internamiento psiquiátrico de Alberto Granados Céspedes en abril de 1985. Según la última declaración de López Ocaña, a Granados intentaron quitarle la vida echándole cinco pastillas de ácido lisérgico (LSD) en una bebida, al conocer que había ofrecido a la policía información sobre los asesinos de Brouard a cambio de dinero. Al ingerir el brevaje perdió la razón.

Granados ingresó en el Gregorio Marañón el 11 de abril de 1985. Presentaba un brote psicótico agudo y manifestaciones de manía persecutoria, según consta en su historia clínica, informa Lila Pérez Gil.

Alberto Granados fue sacado del Gregorio Marañón el 14 de abril por su esposa, Marisa López Ocaña, en contra del criterio de los médicos. Según la declaración de Miguel Ángel López Ocaña, fue puesto bajo la protección de Juan José Rodríguez Díaz. El 15 de agosto siguiente el propio López Ocaña le mató para impedir definitivamente que pudiera hablar sobre el asesinato del dirigente de HB Santiago Brouard, según explicó a la juez.