Las familias y el déficit público

Desde que los socialistas alcanzaron el poder, la Hacienda pública ha propiciado el aumento del ahorro público a costa de reducir el ahorro de las familias, según el autor, para el que si el sector privado hubiera podido disponer de los recursos detraídos por los impuestos, habría realizado otros proyectos de ahorro e inversión con mejores efectos sobre el bienestar general. Considera que la inversión privada, llevada a cabo de acuerdo con las reglas del mercado, es preferible a la inversión pública, abordada con criterios políticos.

De algún tiempo a esta parte, los responsables del Ministerio de Economía y Hacienda no se cansan de repetir que la fiscalidad tiene poco que ver en el ahorro de las familias, que lo que importa fomentar es el ahorro público y que, en los últimos años, este ahorro público es, de hecho, el que más está creciendo.Tan machacona insistencia en algo que, a mi entender, requiere más de una matización para poder ser medianamente sostenido da mucho que pensar. Uno obtiene la impresión de que tales afirmaciones se hacen al servicio de políticas fiscales y tributarias previamente decididas, y no precisamente por razones encaminadas al indispensable fomento del ahorro y la inversión.

Quisiera, por ello, dedicar algunos comentarios a los temas apuntados al empezar, apoyándome en la preciosa información facilitada por el servicio de estudios del Banco de España, que recientemente publicó las cuentas financieras de la economía española de 1980 a 1989. Esta información desglosa, por primera vez, tras una experiencia de elaboración aparecida en 1986, las cuentas correspondientes a las familias (incluidos empresarios individuales), esfuerzo que, en mi opinión, no ha sido suficientemente aplaudido. Son muy pocos los países que disponen de información de esta naturaleza con un grado de desagregación que alcance a las familias.

Es cierto que el trabajo del Banco de España, en el momento de su aparición, dio lugar a interpretaciones no siempre correctas, contra las cuales arremetió el secretario de Estado de Hacienda, señalando la diferencia que existe entre "ahorro bruto de las familias", que es la parte de renta disponible no consumida, y "capacidad de financiación de las familias", que es lo que les queda para financiar otros sectores después de haber cubierto sus inversiones reales, básicamente en vivienda. Tenía razón, en su momento, el señor Borrell cuando decía que la terminología "ahorro financiero neto" utilizada por el Banco de España -que conceptualmente coincide con la capacidad de financiación"- puede inducir a error a los no muy expertos en la materia. Por ello, preciso que, cuando en estas reflexiones hablo de "ahorro" de los distintos sectores institucionales, me refiero al "ahorro bruto" medido por la parte de renta disponible no consumida, que es la magnitud efectivamente relevante cuando se quiere hablar de hábitos de ahorro.

Estímulos e impuestos

Pero no tiene razón, ni entonces ni ahora, el secretario de Estado cuando, argumentando contra los que propugnan el estímulo al ahorro privado, dice, al igual que hacen otros responsables del ministerio, que el ahorro que hay que incrementar es el ahorro conjunto de familias, empresas y administraciones públicas, sin preocuparse demasiado de la parte aportada por cada sector. Y no tiene razón porque en este conjunto mezcla distintas clases de ahorro -público y privado-, que, siendo en su definición algebraica comparables, no lo son desde el punto de vista conceptual. Ahorro, decimos, es la parte de renta disponible no consumida; el ahorro personal entraña siempre un sacrificio de presente -por esto es una virtud- en aras de una expectativa de futuro. El comportamiento más o menos ahorrador de una persona, o de u n conjunto de personas, no es sino la otra cara de su menor o mayor propensión al consumo.

Pero esto no es lo que sucede con el llamado ahorro público, diferencia también entre sus ingresos corrientes y su consumo corriente, porque, en este caso, al revés de lo que sucede en las familias donde el sujeto si quiere ahorrar no le queda otro camino que consumir menos, ya que, por lo general, no está en sus manos aumentar automáticamente los ingresos, las administraciones públicas pueden ahorrar más no solamente sin reducir su nivel de gasto, sino incluso aumentándolo; basta que, usando del poder de que dispone el Estado, procedan a un aumento de ingresos vía incremento de la recaudación tributaria. Y esto es, ni más ni menos, lo que viene haciendo desde hace años el sector público español. Nos dicen que, ahora, el sector público es el que ahorra más porque ha pasado de un desahorro de casi el 2% del PIB en 1984 a un ahorro de más del 3% del PIB en 1989, es decir, cinco puntos de mejora.

Y así es. Pero, como puede verse en el cuadro número 1, esta mejora en el ahorro público no procede, como debería ser, de la reducción del gasto corriente, que entre 1984 y 1989 ha aumentado un 81%, lo que equivale a casi 0,4 puntos del PIB, sino de un mayor crecimiento de los ingresos que, en los cinco años dichos, han más que doblado, para llegar a representar en 1989 el 39,53% del PIB, con un incremento de 5,11 puntos. Huelga decir, por sabido, que el 90% de los ingresos de las administraciones públicas corresponde a ¡mpuestos y a cotizaciones de la Seguridad Social.

Ahorro familiar

Frente a esta mejora del ahorro logrado por las administraciones públicas, mediante el expediente de aumentar los impuestos para acompasar el crecimiento del gasto consuntivo, las familias, entre los mismos 1984 y 1989, como se ve en el propio cuadro número 1, han reducido a la mitad su ahorro-enporcentaje, como en el caso de las administraciones públicas, del PIB-, pasando del 12,37% en 1984 al 6,27% en 1989. 0 sea, que, al tiempo que los impuestos crecían cinco puntos del PIB, el ahorro de las familias caía seis puntos.

Es verdad que la evolución del ahorro familiar en porcentaje del PIB está afectada -argumento predilecto del señor Borrell- por la evolución del peso en el PIB de la renta disponible de las familias, que, en los años que nos ocupan, ha caído notablemente, explicando algo más de tres puntos de la caída del ahorro familiar en porcentaje del PIB. Pero, ¿quiénes sino los impuestos son los principales culpables de esta reducción de la proporción de las rentas de las familias en el PIB? A las familias les queda menos renta porque han pagado más impuestos.

El resto de la caída del ahorro familiar en porcentaje del PIB responde sustancialmente al cambio en el hábito de ahorro de las familias, que, medido por la llamada "tasa de ahorro", que es la relación entre el ahorro realizado y la renta disponible, también se ha deteriorado, sobre todo en los últimos años del periodo analizado. Ahora bien, las motivaciones que determinan en un individuo, o en un conjunto de individuos, la propensión a consumir -en vez de ahorrarson muy diversas: inflación, Seguridad Social, facilidad del crédito, influjo del ambiente consumista, etcétera; pero tambiénfiscalidad, ya que tan irreal sería decir que el hábito del ahorro depende exclusivamente de la fiscalidad como negar que el tratamiento fiscal, el sistema tributarío, no influye en las decisiones de ahorro de las familias.

Algunos de los alegatos en pro del mantenimiento de los evidentemente exagerados tipos impositivos españoles se basan -los más honrados- en la imposibilidad de demostrar, ni empírica ni teóricamente, una correlación entre sistemas tributarios y ahorro. Concedo. Pero prescindiendo de los efectos desanimantes sobre el ahorro de determinadas regulaciones fiscales, que, ciertamente, son de dificil cuantificación, es evidente que, en España, en los últimos cinco años, la caída del ahorro de las familias debida a la pérdida de peso de las rentas familiares en el PIB, imputable al aumento de la Jiscalidad, ha sido muy fuerte, por no decir abusivamente desmesurada, como se ve en el cuadro número 2, y resulta más patente de la contemplación del gráfico que lo traduce a imagen. Aun con las salvedades, menores, derivadas de la falta de información sobre los impuestos indirectos sustituidos por el IVA y las dificultades para la sector¡zación de este último, puede afirmarse que, en un lustro, la fiscalidad soportada por las familias -en concepto de IVA, renta, patrimonio y cotizaciones sociales- se ha multiplicado casi por 2,5, pasando del 20,74% del PIB en 1984 al 28,71% en 1989, con aumento de casi ocho puntos (*). Nada tiene de raro, pues, que el ahorro de las familias en los mismos años haya caído, como ya hemos visto, más de seis puntos del PIB.

Público y privado

Le sobra la razón al señor Borrell cuando dice que de nada sirve aumentar el ahorro de un sector si es a costa de reducir el de los otros. Le sobra la razón, pero es precisamente lo que ha venido propiciando la Hacienda pública desde que los socialistas alcanza ron el poder. Han aumentado el ahorro público a costa de reducir el ahorro de las familias. Se po drá decir que el resultado global de los últimos cinco años ha sido una mejora del ahorro de la na ción de 2,5 puntos del PIB, pero, por lo menos para mí, no es indiferente la forma como se ha ob tenido este resultado, es decir, a expensas del ahorro de las fami lias. Y la razón es bien sencilla. El Estado, o, mejor dicho, los polí ticos gobernantes, al detraer, mediante los impuestos, cantida des cada vez proporcionalmente mayores de la renta nacional, lo gran de manera forzosa la firían ciación de una serie de proyectos de gasto e inversión que no son los que, con criterios económi cos, el mercado escogería. Si el sector privado hubiera podido disponer de los recursos detraídos por los impuestos, habría llevado a cabo otros proyectos de ahorro e inversión. Dicho de otra manera, aunque para el cuadro macroeconómico lo mismo da que el ahorro, con su correspondiente inversión, sea público o sea privado, para el país no es igual, ni mucho menos.

Ya sé que se me dirá que esto es ideología. Tal vez, pero -prescindiendo de calificaciones sobre el gasto público corriente, ya que ahora hablamos de ahorro- un largo historial económico me induce a preferir, por sus efectos sobre el bienestar general, la inversión privada, realizada de acuerdo con las reglas del mercado, a la inversión pública, abordada con criterios políticos.

La diferencia de 6,7 puntos entre a presión tributaria soportada por las familias y la presión tributaria total, equivalente al 35,18% del PIB, ha de corresponder, naturalmente, a la presión soportada por los otros sectores: empresas financieras y no financieras.

Rafael Termes es profesor de Finanzas de la Universidad de Navarra.