Una garantía imprescindible de limpieza

Finalizado el periodo de cómputo de tres meses de elecciones sindicales, es cierto que destacan tres aspectos muy positivos por encima de cualesquiera otros:1. Extensión sin precedentes de las elecciones sindicales. Muchos más trabajadores que en procesos anteriores van a contar con quien pueda representarles. Se sobrepasarán los 200.000 delegados. Sin ser pretenciosos, podemos afirmar que los preavisos realizados por CC OO han contribuido notablemente a ello.

2. Se consolida efectivamente un mapa sindical con notorio predominio de CC OO y UGT. Lo cual es positivo, pues la atomización del sindicalismo debilita a los trabajadores.

3. Participación muy elevada de los trabajadores en estos comicios. Más del 75% de las plantillas, por término medio, están votando a sus representantes.

Para mayor mérito, todo esto se produce a pesar de la ignorancia, cuando no beligerancia, de los poderes públicos frente al fortalecimiento del sindicalismo, Superando resistencias empresariales, que aún existen, para que se elija en cada empresa representantes de los trabajadores (ahora favorecidas por la coacción que representa el elevado índice de contratación temporal). Venciendo una realidad, de la que en parte somos corresponsables los sindicatos, de nula tradición sindical en la pequeña empresa.

Democracia sindical

Siendo esto muy positivo, y aun uniéndolo a la consciencia de que hemos obtenido un mayor número de delegados reales, CC OO no puede ignorar que estas elecciones sindicales pueden quedar empañadas por la reaparicion, corregida y aumentada, de un factor que ya emergió en las elecciones sindicales de 1986.Me refiero, obviamente, al factor del fraude electoral y toda su secuela de acusaciones, que puede terminar por desacreditar las elecciones y deslegitimar sus resultados.Debo empezar por decir que las acusaciones no son plato de gusto, imagino que para nadie. Pero es injusto atribuir la responsabilidad a quien formula las denuncias y no a quien comete el fraude. Ello me trae a la memoria lo sucedido con el tan manido caso Juan Guerra, pues con éste se ha pretendido extender la nefasta idea de que desacreditan por Igual la democracia los que denuncian la corrupción como los que incurren en ella.

Cierto es que el origen de esta realidad se sitúa en unas normas electorales cuyas lagunas y ambigüedades posibilitan la aparición del fraude. Pero no nos equivoquernos, además de ello se precisa que haya voluntad de defraudar. Y ése es el verdadero problema, más allá de los defectos de la normativa.

Nos situamos, por tanto, ante un problema de democracia sindical, para algunos lamentablemente supeditada a la obtención del mayor número de delegados posible sin reparar en el método.

No hablo de irregularidades formales, pues es sabido que en muchas pequenas empresas se hace difícil contar con plenas garantías, tales como la urna o las papeletas preconfeccionadas. Me refiero a actas que se presentan correspondientes a empresas que ya no existen, o con censo inferior al mínimo exigido legalmente, o con censo notoriamente falseado para elevar el número de representantes a elegir. También aludo a prácticas como la de ignorar que existe un preaviso que fija la fecha de inicio del proceso electoral, real Izando las elecciones sindicales días antes para evitar que puedan concurrir otros sindicatos, y a otras evidencias que sería prolijo relatar.

Todo esto pone en entredicho la democracia sindical, desmerece a los sindicatos ante los trabajadores y quema muchas empresas para una verdadera implantación sindical, mucho más que las propias denuncias del fraude.

Callar ante todo sería una irresponsabilidad sindical y nos haría cómplices de métodos que tenemos necesariamente que repudiar pensando en la extensión del sindicalismo y en el interés de los trabajadores.

Cierto que así se paga un precio en términos de prestigio sindical. Pero sería muy corta nuestra visión si por reparar en ello nos olvidáramos de lo que a medio y largo plazo es mucho más perjudicial.

Perjudicial porque puede consolidar la impresión de que es imposible celebrar las elecciones sindicales en la pequeña empresa con plenas garantías democráticas. Perjudicial porque las elecciones se convierten en una mera disputa por el número y no en una ocasión para asentar bases con las que extender el sindicalismo. Perjudicial porque abonaríamos los argumentos de quienes - pretenden acabar con un modelo basado en la elección periódica y democrática de representantes de los trabajadores.

En estas circunstancias no cabe la indiferencia, pero tampoco la crítica indiscriminada que formulan algunos.

Que la normativa es mala no lo discute nadie hoy, y, por tanto, que hay que reformarla. Lo que sorprende es que UGT afirme esto también sin un mínimo de autocrítica, habiendo sido este sindicato el que pactó las normas electorales con el Gobierno en 1986. Pero no vayamos a equivocarnos; dejando aparte esto, hay responsabilidades graves que no pueden ser ocultadas.

Velar por la limpieza

Aparte de las señaladas, en cuanto a los que concurren con voluntad de defraudar, hay que destacar la de quienes, teniendo obligación de velar por la limpieza del proceso, se inhiben, cuando no se convierten en cómplices del fraude. Que en las direcciones provincíales de Trabajo rechacen anular de forma automática las actas que, contrastadas con el censo de la Seguridad Social, se demuestran fraudulentas por corresponder a empresas inexistentes o con censo inferior al necesario o adulterado, es algo sumamente grave. Que la Administración no quiera requerir la actuación de la Inspección de Trabajo para que se compruebe la veracidad de las actas cuando hay evidencia de que muchos componentes de mesas electorales no quieren certificar la falsedad de lo contenido en aquéllas por "no querer líos" (actitud, desgraciadamente, muy humana por otra parte) es igualmente grave.Todo lo referido deriva de una normativa ineficaz para garantizar la limpieza y la democracia, pero no se puede considerar que sea la consecuencia. -La responsabilidad, por tanto, discrepando con lo afirmado recientemente por Marcos Peña en este mismo periódico, no es sólo normativa: es sindical y es de la Administración. Por añadidura, ninguna ley, por defectuosa que sea, obliga a defraudar.

Comisiones Obreras pondrá todo de su parte, como antes de las elecciones sindicales, para reformar esta normativa y convertirla en verdadera garantía de democracia y limpieza, pero han de corregirse, y con urgencia, estas situaciones para evitar que las elecciones sindicales queden totalmente deslegitimadas por sus resultados y desacreditadas por su desarrollo.

Ganar las elecciones sindicales es importante. Qué duda cabe. Pero no sólo cuantitativamente. Por eso se equivoca quien piensa exclusivamente en ello, despreciando la limpieza del método. Parecen haberse olvidado algunas enseñanzas de las elecciones de 1986. Sin embargo, e igualmente, nos equivocaríamos en CC OO si nos quedáramos en la certeza de tener más delegados reales, que no de papel, y no lucháramos hasta el Final por la eliminación del fraude. No es un problema de resultados electorales lo que nos planteamos, sino de democracia sindical. No reparar en ello es consolidar la idea de que las elecciones sindicales son un proceso de segundo o tercer orden, sin posibilidad de garantías democráticas.