La Audiencia ordena que se investigue de nuevo si la policía espió a varios partidos
La Audiencia Provincial de Madrid ordenó ayer reabrir las actuaciones judiciales para averiguar si la Brigada de Información, dependiente de la Comisaría General de Información, llevó a cabo en 1986 un espionaje político a varios partidos parlamentarios, denunciado ante los tribunales por AP y el PCE. Ésta es la tercera apertura del caso.
La Sección Quinta de la Audiencia Provincial ha ordenado al juzgado de instrucción número 21 de Madrid que continúe la investigación de los indicios racionales de criminalidad que fueron analizados por el primer instructor del caso, el juez José María Vázquez Honrubia. El tribunal ha aceptado el recurso de súplica promovido por el representante del PCE en esta causa, José Luis Núñez, contra el archivo de las investigaciones en el mes de julio de 1989.El auto dictado ayer reconoce indicios racionales de un delito de perturbación del derecho de asociación y de infidelidad en la custodia de documentos públicos. En cambio, considera que no hay indicios de un delito de malversación de caudales públicos.
El magistrado Vicente Rouco Rodríguez señala en el auto que "parece imposible aceptar la legitimidad" de las investigaciones de la Brigada de Interior, si se tiene en cuenta que el estado de derecho consagrado en la Constitución propugna como valores superiores la libertad y el pluralismo de partidos políticos. "Un ejercicio de su actividad entera y plenamente libre", comenta en relación a los partidos, "parece difícilmente conciliable con la sumisión a un control informativo como el llevado a cabo por unidades policiales", máxime, agrega el magistrado, cuando no existía ninguna sospecha de que dichos partidos estuvieran agrediendo el orden constitucional.
Rouco Rodríguez afirma que se debe cuestionar enérgicamente todo concepto de seguridad pública que pugne con un recto y noble entendimiento de valores superiores como son la libertad y el pluralismo político. La Audiencia Provincial subraya el hecho de que la destrucción de varios libros de registro, de la Brigada de Interior, que debían recoger las peticiones de autorización judicial para escuchas telefónicas, se produjo precisamente cuando la investigación judicial iba a centrarse en la posible utilización fraudulenta de algunas autorizaciones para espiar a los partidos.
Fuentes judiciales mostraron su escepticismo sobre una rápida tramitación de la causa, toda vez que el juzgado 21 se encuentra ahora mismo sin titular, al haber obtenido el juez anterior, Juan Carlos Fernández de Aguirre, un permiso ara preparar la oposición a lo contencioso-administrativo.
