Transportes, Economía y Renfe estudian soluciones para la grave situación financiera de Enatcar

Los ministerios de Transportes y de Economía, Renfe y Enatcar -la antigua división de transportes por carretera de Renfe, segregada en 1988- estudian cómo solucionar la grave situación financiera por la que atraviesa la empresa, que actualmente preside el ex delegado del Gobierno en el País Vasco Julen Elgorriaga. En Enatcar, según la investigación en marcha, se cometieron irregularidades desde 1987 que han dado lugar a la interposición de querellas criminales y demandas civiles contra ex directivos de la empresa y sus filiales a los que se reclama cerca de 1.300 millones de pesetas.

Julen Elgorriaga, presidente de Enatcar desde el pasado año, dirigió el 19 octubre una carta al presidente de Renfe, Julián García Valverde, en la que se muestra muy crítico con el papel desempeñado por la empresa pública antes y después de la conversión de su antigua división de transportes por carretera en la actual Empresa Nacional de Transportes por Carretera (Enatcar). La carta alude al papel fiscalizador que debería haber desempeñado Renfe durante el proceso de separación de ambas empresas impulsado por la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT); a la "tibieza" y falta de interés de los responsables de Renfe en las actuaciones judiciales contra los implicados en las irregularidades detectadas y a las fórmulas de separación patrimonial con las que se llevó a cabo la segregación.

Solución satisfactoria

A pesar de la dureza de la misiva, en manos de la asesoría jurídica de la presidencia de Renfe, fuentes de la red de ferrocarriles aseguran que la situación, en las últimas semanas, se ha reconducido camino de una solución satisfactoria para todas las partes. A las conversaciones entre Transportes, Renfe y Enatcar se han incorporado, recientemente, representantes de la Secretaría de Estado de Economía del Ministerio de Economía y Hacienda.El problema fundamental a resolver es la grave situación financiera por la que atraviesan Enatcar y sus filiales Comercial de Transportes del Mediterráneo (CTM), Andreo y Bacoma.

La cuestión financiera es clave. Fuentes de la asesoría jurídica de Renfe aseguran que la empresa pública está dispuesta a ayudar "al problema de tesorería de la empresa hermana", siempre y cuando la fórmula que se articule no implique, ni siquiera a nivel de imagen, que Renfe aporta dinero público, para hacer borrón y cuenta nueva, a una sociedad víctima de irregularidades, con consecuencias económicas de las que deben hacerse cargo todas las partes implicadas.

Las cifras sobre las que se discute para salvar Enatcar oscilan entre los 4.000 millones y los 1.500 millones de préstamo en condiciones a determinar que estaría dispuesta a aportar Renfe para salvar la compañía.

Renfe, a través del gabinete de abogados Sánchez Calero y Gilbert, interpuso, en el mes de abril demandas civiles contra Rafael Ortega, ex presidente de Enatcar, su cuñado Fernando Calvo, vicepresidente y apoderado de Bacoma; actualmente en paradero desconocido, y Sebastián Lavado, administrador y apoderado de Andreo entre octubre de 1986 y noviembre de 1989. El procedimiento civil se paralizó debido a que el ministerio fiscal encontró indicios penales en la causa. Renfe, según la asesoría jurídica de la empresa, ha recurrido la decisión ante la Audiencia provincial y espera proseguir con el procedimiento civil, más rápido que el penal, para recuperar, al menos, alrededor de 750 millones de pesetas que se consideran presuntamente defraudados por los acusados en diversas operaciones.

Vía penal

Por su parte, el actual presidente de Enatcar, Julen Elgorriaga, ha optado por la vía penal en sus actuaciones para resolver el "caso Enatcar". Este mismo mes, ha presentado sendas querellas criminales contra los tres demandados por Renfe (Rafael Ortega, Fernando Calvo y Sebastián Lavado) y contra los empresarios Cecilio y Carlos Cereceda y Juan Antonio Redecilla por presuntas actuaciones irregulares y desvío de fondos públicos. Las querellas están pendientes de su admisión a trámite.El Ministerio de Transportes, que a principios de año remitió a la Fiscalía General del Estado, al Tribunal de Cuentas y a la Intervención General de la Administración 12 actuaciones presuntamente irregulares en la antigua Atcar, cifró en unos 1.300 millones de pesetas, el importe de las mencionadas operaciones llevadas a cabo en la empresa pública Enatcar.

Entre la docena de actuaciones presuntamente irregulares destacaban, por su cuantía, la adquisición por parte de la filial de Enatcar, CTM, mediante leasing, de 80 autocares Mercedes por un importe global superior a los 2.000 millones de pesetas, con precios por autocar, entre cuatro y cinco millones por encima del precio habitual en el mercado; facturas duplicadas en el equipamiento de los coches y la compra de la línea Ugíjar-Estacion de Calasparra por parte de Andreo a la empresa Alsina Graells, con un presunto desvío de 60 millones de pesetas.

La investigación del caso provocó en su día la expulsión de la organización de tres afiliados al sindicato UGT y la suspensión de militancia, durante dos años, a otros dos militantes del sindicato por su comportamiento antisindical en el grupo Enatcar.