Sólo el 3,3% de las viviendas edificadas en 1989 eran públicas, según UGT
Sólo el 3,3% de las viviendas que se empezaron a construir a lo largo de 1989 eran públicas, mientras que el 80,5% eran libres, es decir, destinadas a venderse al precio de mercado, según un trabajo realizado por el Instituto Sindical de Estudios (ISE) de la UGT sobre la situación de la vivienda en España.La central socialista dice que para resolver el déficit de viviendas en España hay que construir 264.000 casas anuales durante un periodo diez años. Además, denuncia la progresiva desaparición de la edificación de casas públicas en beneficio de las privadas; un sistema fiscal que premia la adquisición de casas "como inversión" y que no beneficia a las rentas más bajas y la escasez de fondos del Estado destinados a este tema.
Según este documento, la situación de la vivienda protegida también está en peligro de extinción. Si en el periodo que va entre 1984 a 1987 representaban casi la mitad de las que se empezaban a construir, este porcentaje bajó hasta el 15,5% en 1989. Para el sindicato que lidera Nicolás Redondo, todos estos datos conducen a una liberalización del sector "que supone un incremento de los desequilibrios sociales y territorlales". "No hay una oferta pública que permita el acceso a la mayoría de los españoles", señaló Jose María Zufiaur, director general del ISE, durante la presentación del estudio.
También denuncian el "escaso esfuerzo inversor" de] Estado en vivienda que sólo representa el 0,5% del PIB "cantidad entre 3 y 7 veces inferior a los países de nuestro entorno" reza el informe. Este también señala que si en 1989 los Presupuestos del Estado preveían 340.000 millones para la Financiación de viviendas, a través de convenios con entidades financieras, los de 1990 reducen la cifra a 100.000 millones "con el agravante de que la mayor parte de esas cantidades, un 70%, se destinan a obligaciones contraídas en presupuestos".
La desgravación fiscal por la compra de la vivienda tampoco está planteada de una forma correcta, según el estudio, ya que "permite desgravar más a quien más invierte en vivienda", con lo que fomenta la pura inversión. Este concepto supuso un gasto Fiscal durante 1989 de 138.249 millones. El sistema fiscal actual "no potencia el alquiler ni discrimina positivamente a los niveles más bajos de renta".
