Los jueces de Francisco de Vitoria proponen el anterior sistema de elección del CGPJ

La asociación judicial Francisco de Vitoria acusó ayer al Parlamento de "haber ejercido inconstitucionalmente sus competencias en el procedimiento de designación de miembros del Consejo General del Poder Judicial [CGPJ]", según el enunciado de una de las conclusiones de su quinta asamblea anual, que también propugnó la vuelta al anterior método de elección "mediante un sistema proporcional que garantice el pluralismo en la composición del Consejo".

Francisco de Vitoria considera que los dos sistemas de nombramientos del CGPJ, bien por sufragio entre los jueces, bien por el Parlamento, son constitucionales, pero entiende que el legislativo se ha excedido en sus competencias al nombrar el consejo.En el debate de las conclusiones los magistrados de Francisco de Vitoria desplegaron toda su acritud hacía el sistema de nombramientos del actual CGPJ. La acusación al Parlamento, no recogida en el texto de la ponencia oficial, fue introducida por sugerencia de Francisco Marín Castán, magistrado de la Audiencia Provincial de Huelva, quien asimismo calificó de "cobarde" la sentencia del Tribunal Constitucional que estableció el sistema de designación parlamentaria.

Manuel Novalbos, magistrado de lo Social de Las Palmas, pidió que no figurase el término "fracaso" del actual sistema de nombramientos, "porque para muchos ha sido un éxito", ironizó. Otras intervenciones calificaron el nombramiento del actual consejo de "escándalo tremendo" que había producido "indignación". Sólo Pablo Cachón, magistrado de la Sala 41 del Tribunal Supremo, trató que la asamblea se pronunciase por mantener el sistema actual de nombramientos pero su propuesta fue derrotada por amplia mayoría.

Entre las principales novedades recogidas en las conclusiones, los vitorinos se pronunciaron a favor de atribuir la dirección de la investigación de los delitos al ministerio fiscal dejando en manos de los jueces las medidas cautelares que afecten a derechos fundamentales.

Esta propuesta fue defendida por Carlos Granados, magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, frente a la ponencia oficial que propugnaba que la instrucción penal debía seguir correspondiendo a los jueces. Como cláusula de garantía la Asamblea se mostró favorable a la intervención del juez "frente a una posible inactividad del ministerio fiscal".

Supresión de la inspección

La supresión del servicio de inspección del CGPJ, también propugnada en la ponencia oficial, fue derrotada por 52 votos en contra, 16 a favor y 12 abstenciones. La Asamblea acordó dejar sin contenido el punto que abordaba la supresión de la inspección y respaldó parcialmente la postura del magistrado Andrés Martínez Arrieta, que defendió su mantenimiento.Con todo, las sucesivas intervenciones expresaron el malestar de los magistrados sobre la inspección del Consejo. Xavier O'Callagham, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, dijo que no se trataba tanto de suprimir la inspección como de "reformar el servicio que funciona hoy". En general, los magistrados se mostraron en contra de los "inspectores profesionalizados", que en uno o dos días "pretenden entender cómo funciona un órgano jurisdiccional". Otras intervenciones se mostraron de acuerdo en potenciar las atribuciones de los presidentes de Audiencia en materia disciplinaria.

Los vitorinos aprobaron también reclamar del ejecutivo la constitución de una verdadera policía judicial y "exigir del ministerio fiscal que asuma sus competencias en esta materia".