Las dos caras de la Expo

El comisario general de la Expo 92, Manuel Olivencia, buscará hoy, en su entrevista con Felipe González, el respaldo del presidente del Gobierno para seguir al frente de la exposición. Su anuncio de dimisión originó la más grave crisis en la Expo desde que fue nombrado comisario, el 7 de noviembre de 1984.

Una jugada defensiva de Jacinto Pellón, delegado en la Sociedad Estatal Expo 92 -el cerrado apoyo de su consejo de administración- cuando la oposición municipal de Sevilla pidió su cese fue el detonante de esta crisis, que por ahora no ha afectado a la marcha real de la muestra.Tres años después del nombramiento del comisario no había sido removida ni una sola tonelada de tierra. Felipe González nombra a Jacinto Pellón, un ingeniero santanderino de reconocido prestigio, nada diplomático y acostumbrado a "hablar en plata", como él suele decir, consejero delegado de la Sociedad Estatal Expo 92. Pellón viene a Sevilla a poner el recinto de La Cartuja patas arriba, buscar patrocinios y ejecutar los planes previstos para que el 20 de abril de 1992 esté a punto la Expo sevillana: la más ambiciosa de cuantas se han celebrado, y, sobre todo, una buena excusa para invertir un billón de pesetas en Andalucía. La división de pode res estaba hecha: sobre la Comisaría recaía la autoridad de la Expo, pero sobre la Sociedad Estatal, desgajada de la del V Centenario, preparar la muestra.

Al margen de los partidos

En las sucesivas convocatorias electorales se ha querido mantener a la Expo al margen de la lucha de los partidos por los votos. La fórmula escogida fue bien simple: nada de asuntos polémicos. En esta ocasión, y a siete meses de las elecciones municipales, el inoportuno anuncio del precio de las entradas al recinto (4.000 pesetas la de un día) sirvió en bandeja el argumento electoral a la oposición municipal sevillana, integrada por auténticos pesos pesados de la política: la ex ministra Soledad Becerril en el Grupo Popular y Alejandro Rojas Marcos en el Andalucista. Pero la petición de cese se hace firme cuando Pellón dice en el Congreso que prefiere polemizar con 700.000 sevillanos que con 18 millones de visitantes.El comisario general, en una entrevista a este periódico, justificaba los precios, pero con otro lenguaje: "Más críticas tendríamos si rebajásemos las entradas para los sevillanos", afirma. Son matices que en una ciudad tan sutil como Sevilla tienen una importancia infinita. Es entonces cuando Pellón se convierte -"por su actitud despreciativa para con la ciudad"- en el único protagonista de las críticas de la oposición municipal (PP, PA e IU), que en el pleno del Ayuntamiento de Sevilla celebrado el pasado 26 de octubre aprueba por mayoría absoluta (el PSOE está en minoría) pedir su cese.

Jacinto Pellón prepara una jugada defensiva que es interpretada por el comisario como un menosprecio a su gestión. Pacta, en una cena celebrada el día anterior a la reunión del consejo de administración, con el director general del Patrimonio, Luis Alcaide, accionista único de la Sociedad Estatal, una nota de apoyo, inspirada por el Ministerio de Relaciones con las Cortes, en la que se personaliza en Pellón la buena marcha de los trabajos. Fue su exigencia para no dimitir.