La acusación partiocular pide 200 años cárcel para, Amedo y otros tantos para Dominguez

El ahogado de Herri Batasuna Miguel Castells, que ejerce la acusación particular en el sumario contra los GAL, en el que están procesados los policías José Amedo y Michel Dominguez, pidió ayer penas que suman 200 años de cárcel para cada uno de ellos como autores de una docena de delitos, entre los que destacan pertenencia a banda armada y siete asesinatos, dos de ellos consumados.

En el escrito de conclusiones elaborado por Castells, se señala que el GAL es una organización compleja y sofisticada, de gran eficacia operativa, constituida por un aparato estable y cuyos comandos de acción constituyen un elemento coyuntural, vinculados a la organización circunstancialmente por contrato de mercenarios.Según se especifica en la calificación de Miguel Castells, el núcleo organizativo del GAL permanece oculto a pesar del tiempo transcurrido. Y precisa que aunque las instituciones del Estado nada han revelado sobre el particular, ni siquiera sobre las fuentes de financiación, información y suministro de armas, existen indicios para mantener que los GAL constituyen "un grupo de poder paralelo, inserto en los aparatos del Estado".

Para Castells, Amedo y Dominguez son miembros de los GAL, ya que han actuado como enlace entre la dirección de la organización y los comandos de acción. Se integraron en el grupo antes de 1986 y contrataron a los mercenarios Paulo Figueiredo, Rogerio Carvalho da Silva y Antonio Ferreira para que realizasen los atentados contra los bares Batxoki y Consolation, en Bayona y San Juan de Luz, el 8 y el 13 de febrero de 1986, respectivamente. En el primer atentado resultaron gravemente heridas cinco personas y en el segundo murió -siempre según Castells- Juan Ramón Basañez. (El fiscal, en sus conclusiones, afirmó que Basañez curó de sus lesiones en 120 días).

Según el relato del abogado de la acusación particular, el 24 de julio de 1987 falleció Juan Carlos García Goena, como consecuencia de la explosión de una bomba colocada debajo de su coche. El artefacto fue entregado por Amedo y Dominguez a las personas que lo colocaron, según el escrito.

El abogado asegura que los dos agentes se prevalieron de su función o cargo de policías para sus actividades delictivas y que dispusieron de fondos públicos que aplicaron a gastos de viajes, comidas y estancias en hoteles relacionados con los delitos cometidos, así como para pagar comisiones a los ejecutores materiales o para jugar en casinos.