Fiscales progresistas advierten que el nuevo reglamento puede servir para intereses socialistas

María Ángeles García, presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), ha obtenido el consenso de esta asociación para hacer una "llamada de atención" al más de medio centenar de fiscales jefes que se reunirán durante tres días, a partir de hoy, en Bayona (Pontevedra) con el fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, para estudiar el futuro reglamento orgánico del Ministerio Fiscal. García avisa del riesgo de que "la estructura jerárquica del Ministerio Fiscal sea utilizada como vehículo de la razón de Estado o del interés del partido en el Gobierno".

La necesidad de reformar el reglamento viene siendo sentida en la fiscalía, ya que el actual data de 1969 y, aunque en gran parte está derogado de hecho por la Constitución, incluye entre otras perlas la vieja obligación de los fiscales de jurar los principios fundamentales del Movimiento Nacional franquista. Tras la puesta en vigor, por una ley de 1981, del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, no se acometió la reforma del reglamento, para la que la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) de 1985 dio un plazo de un año.En 1986 se elaboró en Salamanca un anteproyecto de nuevo reglamento, que "a pesar del retraso en el cumplimiento del mandato de la LOPJ, duerme en un cajón del Ministerio de Justicia", según fuentes de la fiscalía. Tales fuentes destacaron la importancia de actualizar el viejo reglamento, para dilucidar las facultades de los fiscales jefes de los tribunales superiores de justicia en relación con los fiscales jefes de cada provincia, así como las atribuciones para remover al fiscal de un caso.

Peligro para el ciudadano

La presidenta de la UPF declaró a este periódico que la reforma del reglamento puede afectar a la misión constitucional del fiscal de "promover la acción de la justicia" y, si se aprueba el anteproyecto actual, la función del fiscal en defensa de los derechos ciudadanos se verá en peligro, ante el riesgo de la defensa de la razón de Estado "o el mero capricho de quien ostenta la máxima jefatura o las jefaturas intermedias". Por el contrario, García considera que el reglamento orgánico debería conseguir "la democratización interna del Ministerio Fiscal" y una "mayor racionalidad y eficacia", así como "incrementar los recortes contra la arbitrariedad".

En un documento de ocho folios remitido a los fiscales jefes, la presidenta de la UPF muestra que el proyecto de reglamento no sólo "no recorta" tal arbitrariedad, sino que limita la función de los fiscales y restringe sus derechos, en perjuicio de los ciudadanos, destinatarios de su función. García recuerda que el reglamento no menciona la posibilidad de que el fiscal. "lleve una queja directamente a las altas instancias de la institución ante una vulneración de sus derechos o un funcionamiento anómalo de la jefatura que dificulte el cumplimiento de sus deberes constitucionales". Igualmente, según ella, el proyecto establece restricciones para someter cuestiones a debate de la junta de fiscales.

García reprocha al proyecto que confiere a los fiscales jefes excesivas atribuciones, en concreto la de "designar a cualquiera de los fiscales que de él dependan para que actue en un asunto determinado". La presidenta de la UPF estima que esta norma excede de las previsiones estatutarias, según las cuales se exige que sea oída la junta de fiscales antes de tomar una decisión de este carácter.

Según García, si se aprueba el texto proyectado, "para evitar discrepancias, siempre molestas", dice, "bastará con designar para asuntos presumiblemente delicados a funcionarios complacientes que, o bien sintonizan con la concepción de la legalidad de la jefatura o bien hacen de la obediencia ciega y el silencio su primera pauta de conducta". Por el contrario, la asociación progresista de fiscales cree necesario que, en caso de sustitución, se enumeren las "razones fundadas" de la misma.

"Es imprescindible establecer límites a la facultad de apartar a los miembros del Ministerio Fiscal de un proceso concreto, para garantizar el cumplimiento de los principios de legalidad e imparcialidad", explica Ángeles García.

Según ella, no es de recibo la opinión de un anterior fiscal general, Luis Antonio Burón sobre que la desconfianza en los hombres, las instituciones y la eficacia de las leyes "es casi la negación de la posibilidad de una sociedad decente". García estima, por el contrario, que "la razón de la existencia de las leyes es prevenir la indecencia y reaccionar contra ella".

En cuanto a las facilidades para la actuación asociativa, la presidenta de la UPF critica que "carecen de regulación reglamentaria" y manifiesta que "esta omisión contrasta pintorescamente", dice, "con la regulación del contenido de las carpetillas [papel doblado en donde se ponen los datos de cada caso que lleva un fiscal], ciertamente exhaustiva".