Tras el acuerdo
EL ACUERDO alcanzado entre los responsables de Transportes y las asociaciones de camioneros en huelga ha puesto fin a un conflicto que debió prevenirse con tiempo y que nunca debió tomar los derroteros violentos e insolidarios por los que ha transcurrido durante sus 11 días de duración. La natural satisfacción con que debe ser acogido por todos el feliz desenlace -Gobierno, transportistas y sociedad en general- no basta, sin embargo, para borrar los posos de preocupación y alarma dejados tras de sí por un conflicto que ha desbordado todos los cauces permisibles y que ha estado a punto de dejar fuera de combate a la economía nacional. Pues ha sido tal el grado de irracionalidad y de brutalidad reflejado en el conflicto que su deseado fin no puede ser un acontecimiento que pueda ser despachado sin más como si nada hubiera pasado. Claro que ha pasado, y mucho.La primera cuestión que se plantea es la de quién debe correr con el coste de los daños producidos, globalmente cifrados por la CEOE en más de 50.000 millones de pesetas, y que se han hecho sentir, especialmente, en determinados sectores Industriales, como el del automóvil. Los transportistas han pretendido endosar a la Administración el coste de los daños ocasionados por la policía en camiones que bloqueaban las vías públicas. Pero ¿a quién endosar el coste de los ingentes daños provocados por la salvaje actuación de los piquetes de transportistas, impidiendo por la fuerza la circulación de mercancías necesarias para la industria y el abastecimiento de la población? ¿O deberán tales daños quedar impunes y pasar a engrosar la cuenta de pérdidas y ganancias de la economía nacional o ser absorbidos en el pozo sin fondo del déficit público? La justicia ya ha dictaminado que corren por cuenta de los asalariados los daños ocasionados en los supuestos de huelga abusiva, pero ¿qué pasa cuando son producidos por colectivos como el de los transportistas autónomos, a medio camino entre el trabajador por cuenta ajena y el pequeño empresario, y los daños afectan no a una empresa en concreto, sino a la sociedad en su conjunto?
Pero, además, este conflicto apunta también a una responsabilidad por omisión de la Administración en cuanto al clima que ha propiciado su desencadenamiento. Al Gobierno se le debe reprochar la calma de que ha hecho gala en el desarrollo de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre (LOTT), promulgada en 1987 precisamente con el objeto de reordenar el sector con vistas al cada vez más cercano desafìo del mercado único europeo de 1993. Y, desde luego, se le debe reconvenir por su falta de perspicacia en prevenir el conflicto y, una vez desencadenado éste, por su tardanza en hacer lo que luego ha hecho en condiciones más desfavorables para la Administración y la sociedad en general: negociar. Lo cual no debe hacer olvidar que, en todo caso, los verdaderos culpables de todo lo ocurrido son quienes han pretendido tomarse la justicia -su justicia- por su mano y han recurrido a brutales y desmedidos métodos de imposición más que de negociación de sus reivindicaciones.
Sin duda, el derecho de huelga ampara también a colectivos de personal no asalariado como el de los transportistas autónomos. Pero no hay que desconocer que su actuación, además de tender a presionar directamente a la Administración pública, se concreta ni más ni menos que en el estrangulamiento de bienes y servicios que son vitales para la buena marcha de la sociedad. Es decir, un marco en el que fácilmente puede darse la manipulación política y que comporta riesgos sociales difícilmente evaluables. Clarificar este marco más de lo que ahora está debería ser uno de los objetivos de una futura ley sobre la regulación del derecho de huelga. Entre tanto es comprensible que el Gobierno y la sociedad en su conjunto se pongan en guardia cada vez que colectivos con posibilidades de perturbar la producción o el funcionamiento de bienes y servicios esenciales deciden acogerse a este derecho constitucional.
