150 asociaciones de vecinos preparan una 'semana caliente' contra el tráfico de drogas

Las asociaciones de vecinos de Madrid preparan una semana de movilizaciones contra el tráfico de drogas, que se realizarán desde el 12 al 16 de noviembre en cada barrio. Representantes de 150 entidades ciudadanas acudieron ayer a la asamblea convocada por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos (FRAV) y plantearon la situación de cada distrito en relación al problema de las toxicomanías. La asamblea planteó la necesidad de establecer medidas sociales preventivas y de endurecer la legislación contra el narcotráfico.

Las movilizaciones se efectuarán en cada barrio entre el 12 y el 16 de noviembre porque, según Prisciliano Castro, presidente de la FRAV "es más fácil movilizar a la gente en el lugar en donde vive que en una manifestación unitaria por la calle de Alcalá. No obstane, después de esa semana valoraremos la posibilidad de una convocatoria más amplia". La FRAV pretende entrevistarse con la delegada del Gobierno, Ana Tutor, y pedir a las distintas administraciones medidas sociales y políticas. "También queremos pedir al Congreso mayor dureza contra los delitos de tráfico de drogas para que se impida a los camellos salir de la cárcel bajo fianza" añadió.Cada uno de los representantes vecinales expuso la situación de su barrio en relación al problema del tráfico de estupefacientes. Las asociaciones presentes "unas 100 de un total de 150" según Prisciliano Castro, se mostraron contrarias a las patrullas ciudadanas por considerar que lo único que consiguen "es enfrentar a unos vecinos con otro".

Desde la junta directiva de la FRAV se denunció "la pasividad policial en la búsqueda y detención de traficantes, la incompetencia de la Delegación del Gobierno para resolver el problema y el pasotismo de las instituciones". La asamblea exigió medidas sociales, políticas y judiciales.

Las resoluciones judiciales relacionadas con la detención de traficantes fue uno de los aspectos más abordados en la asamblea., Castro afirmó que "como los traficantes tienen dinero, salen de la cárcel bajo fianza y el que queda dentro es el toxicómano, que donde debe de estar en el hospital".El realojamiento de la población marginada y la aplicación de medidas para eliminar las bolsas de pobreza se contemplaron también como un paso necesario para solucionar el problema. En este sentido se manifestó Víctor Renes, presidente de la Asociación de Vecinos de San Fermín, barrio donde los traficantes prometieron dejar de vender droga si les concedían licencias de venta ambulante. Este representante afirmó que "aunque por la presión vecinal esos traficantes han dejado de pasar droga, si siguen sin licencia de venta no cambiarán el caballo (heroína) por las lechugas sino que seguirán con el caballo".

En relación a las dotaciones policiales, los vecinos solicitaron "vigilancia permanente y no esporádica, tal como ocurre ahora, cuando la presión ciudadana es muy fuerte, porque, si sólo acuden de forma temporal lo único que se hace es trasladar el problema a otras zonas".

No a las patrullas ciudadanas

Las patrullas organizadas por los vecinos de algunos barrios, como el de Palomeras, fueron valoradas muy negativamente por los representantes vecinales, que las consideraron "muy peligrosas". Los representantes vecinales mostraron "su preocupación porque se pueden producir linchamientos y al final no se ataca a los traficantes sino a los drogadictos, que bastante tienen con su enfermedad". No obstante, aseguraron que comprendían la formación de patrullas por el malestar existente en los barrios.

La representante de la Asociación de Vecinos de Peña Grande planteó que "a veces existe entre los vecinos una doble moralidad porque piden medidas contra el problema de la droga y cuando se quiere ubicar un centro de atención a drogodependientes (CAD) en un barrio éste se manifiesta en contra".