El debate que viene

EL DEBATE sobre el servicio militar ha cobrado renovada vigenciaa raíz del envío a la zona del Golfo de tres buques de guerra en, cuyas tripulaciones se incluyen soldados de reemplazo. Se trata de una cuestión muy sensible para la opinión pública frente a la que los poderes públicos no han sabido hasta el momento encontrar una fórmula adecuada. De ahí que, de entrada, sea plausible la iniciativa de las reuniones que en estas fechas mantiene la ponencia de la Conúsión de Defensa del Congreso para elaborar un documento de trabajo sobre el futuro de los ejércitos y, por tanto, del servicio militar. La anterior legislatura conoció una nueva Ley del Servicio Militar y un reglamento que aportaron racionalidad al problema. Pese a ello, la polémica ha continuado y existe unanimidad en reconocer que el actual modelo de servicio militar es inadecuado.En la campaña electoral previa a las legislativas del año pasado, sólo el PSOE y el PP défendieron la fórmula de la prestación obligatoria del servicio militar, aunque reduciendo el tiempo en filas. El resto se inclinó, en algún caso con matices, por unos ejércitos profesionales. Hoy, incluso el PP admite la profesionalización total, y el PSOE se propone reducir aún más la anunciada mili de nueve meses (ahora es de un año). Los argumentos en favor de un ejército profesional han ido ganando terreno en los últimos tiempos tanto entre los mandos militares como en el seno de la sociedad civil. De un lado, la alta tecnología de los armamentos obliga a que su uso quede reservado a expertos. En la Armada y el Aire, ejércitos que utilizan medios más avanzados, el porcentaje de profesionalización ha crecido hasta el 70% y continúa en aumento, de forma que, incluso aunque se mantenga la obligatoriedad del servicio militar, los jóvenes de reemplazo en esos dos ejércitos serán muy escasos y, por tanto, -su sustitución por profesionales no supondrá problema alguno. El problema reside principalmente en el Ejército de Tierra, que sigue sobredimensionado pese,a la disminución de efectivos registrada en el periodo 1983-1988 y que permitió la reducción del servicio a 12 meses. Los más de 200.000 hombres que lo integra n son en su mayoría jóvenes de reemplazo. Pero los quintos no reciben una preparación adecuada y, de otro lado, tienen el convencimiento de que pierden el tiempo.

La estructura y el despliegue del Ejército de Tierra están concebidos hoy para la defensa frente a un hipotético enemigo exterior. Los expertos en estrategia coinciden en que con ese planteamiento -y no cabe otro-, el de Tierra debe ser un ejército pequeño, ágil y móvil, basado sobre todo en las recientemente creadas Fuerzas de Intervención Inmediata. Entre 80.000 y 100.000 hombres, según los expertos, son suficientes. ¿Conviene que todos ellos sean profesionales?

La tradición liberal, y más tarde las ideologías de izquierda, fueron siempre partidarias de un ejército de conscriptos por considerar que ello constituía un obstáculo objetivo (y por tanto, un argumento disuasorio) al golpismo y, más genéricamente, al intervencionismo militar en la política interior. Hay que decir que la desconfianza en la milicia subyacente a esa concepción estaba justificada. El ejército español ha sido intervencionista desde hace 200 años, tendencia que se agudizó tras la pérdida de las colonias, a fines del XIX. Su ideología y estructuración volcaban su misión fundamental hacia el mantenimiento del orden público y la defensa de la "unidad de la patria" frente a los particularismos y nacionalismos peniféricos. La cuestión es si, tras la estabilización del régimen democrático, sigue teniendo sentido esa desconfianza. Especialmente tras la integración en la OTAN y la nueva realidad mundial puesta de relieve por el conflicto del Golfo y que ha arruinado toda teoría sobre el espacio estratégico en que era concebible una participación de tropas españolas. El argumento complementario -decisivo, al parecer, en las reticencias del PSOE a incluir la profesionalización en su programa electoral de 1989- es que un ejército profesional es muy caro. Lo es, pero,si medimos ese coste en términos sociales habría que considerar lo que supone para la economía la sustracción anual de un cuarto de millón de jóvenes del aparato productivo.

El propio Gobierno dice ahora inclinarse por un modelo mixto, en el que se potenciaría la figura, del voluntario especial, es decir, el joven que se compromete a permanecer un periodo prorrogable en el ejército -nunca más de ocho años en total- a cambio de una remuneración. El experimento se practica desde hace cuatro años y el resultado no es positivo. Los salarios -algo más de 60.000 pesetas- son bajos y, en la mayoría de los casos, la formación recibida no es aplicable a la vida civil, defectos que el Ejecutivo confía, en resolver. En todo caso, es evidente que la tendencia mayoritaria apunta hacia un ejército profesional o semiprofesional.