La Fiscalía de la Audiencia pide "un mínimo de 40 años" de cárcel para delitos terroristas graves

La Fiscalía de la Audiencia Nacional propugna la pena de cadena perpetua, con una duración mínima de 40 años, para los delitos terroristas graves, según se recoge en la memoria que el fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, elevará hoy al Rey en la apertura del año judicial. La duración mínima de 40 años, que "no chocaría con la Constitución", según la citada fiscalía, sería compatible con que el Rey pudiera otorgar un indulto tras el "cumplimiento efectivo de 25 años de cárcel"

La Fiscalía de la Audiencia Nacional propugna en la memoria que Torres Boursault elevará hoy al Rey la pena de "cadena Perpetua" para los hechos terroristas graves, "y que esta pena sea efectivamente cumplida". El informe establece como absolutamente necesaria" la reforma del Código Penal en materia de terrorismo, "porque es una verdadera exigencia que la sociedad esté debidamente protegida". "Lo que se está cuestionando es que la pena en los delitos de terrorismo sea proporcionalmente razonable a la dimensión de los hechos, y que esa pena sea efectivamente cumplida", dice el informe."Recoger en el Código Penal la pena de cadena perpetua con una duración mínima de 40 años para hechos graves sena congruente con el resto de las penalidades que para otros delitos señale el Código, no chocaría con la Constitución, a nuestro juicio", agrega la Fiscalía.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional está especialmente sensibilizada en esta materia desde el asesinato de la fiscal Carmen Tagle, del que precisamente ayer se cumplió un año. El informe se conoció ayer, coincidiendo con el momento en que el fiscal del Estado y fiscales y magistrados de la Audiencia Nacional asistían a un funeral en su memoria.

La fiscalía dirigida por Eladio Escusol considera que los autores de delitos terroristas merecen "distinto trato" que los delincuentes convencionales, lo que exige que se modifique la Ley Orgánica General Penitenciaira en cuanto al "sistema de ejecución de las penas" y en cuanto al "límite mínimo" de cumplimiento. "Hoy la sociedad reclama que por los hechos terroristas, las penas sean más proporcionadas a la gravedad de los delitos y el tratamiento penitenciario de los delincuentes terroristas sea en términos de equilibrio y no en términos de la amplia generosidad actual", añade el informe.

Respecto a la ejecución de penas, la fiscalía no es partidaria de suprimir "todos" los beneficios penitenciarios para este tipo de delincuentes "porque los beneficios que, en su caso, procedan con arreglo a la ley, son derechos subjetivos condicionados".

Sin embargo, se muestra favorable a que el Código Penal o la Ley General Penienciaria establezcan un "tiempo mínimo de cumplimiento efectivo" porque en el momento presente, agrega el informe, "la aplicación de los beneficios penitenciarios pueden producir resultados distintos, según se trate de delito terrorista o no".Al margen del informe de la Fiscalía, la Memoria recoge, entre las propuestas de reforma legislativa, la formulada el pasado año por el fiscal Ignacio Gordillo para que las penas que cumplen los terroristas "se acerquen más a las penas realmente impuestas". El fiscal explica que los cientos de años impuestos en las sentencias se reducen automáticamente al máximo de 30 años en aplicación de la regla 2 del artículo 70 del Código Penal, y a partir de ahí se descuentan los beneficios de redención por el trabajo, permisos de salida, redenciones extraordinarias o libertad condicional, "con lo que el tiempo que en realidad se cumple que da reducido a 16 o 17 años como máximo".

Las modificaciones propuestas por este fiscal de la Audiencia Nacional también incluyen que los policías y guardias civiles sólo se identifiquen en los juicios con su número de carné profesional para evitar represalias y que algunos juicios se celebren total o parcialmente a puerta cerrada cuando declaren testigos "que requieran especial protección".

1,5 millones de delitosRespecto a la evolución general de la delincuencia que se contiene en la Memoria de la Fiscalía del Estado, las estadísiticas "revelan un equilibrio en su crecimiento". Las diligencias abiertas por delitos durante 1989 ascendieron a 1.522.340, 98.000 más que el año anterior, lo que supone un porcentaje de aumento del 6,9%.

Los delitos contra la propiedad ocuparon el lugar preferente en las estadísticas judiciales, con una cifra global que roza ya el millón de procedimientos (937.319). El total de delitos contra la libertad sexual, que comprende, además de las agresiones sexuales y la violación, el exhibicionismo y todos los delitos relativos a la prostitución, dieron lugar a la apertura de 5.541 diligencias, 674 más que el año anterior. Por las diversas formas de violación se iniciaron 1.443 diligencias frente a las 1.241 de 1988, lo que implica un aumento porcentual del 16,3%. La provincias que cuentan con más delitos de violación denunciados son Madrid (224), Barcelona (222), Las Palmas (104) y Tenerife (66).

El tráfico de drogas motivó la incoación de 30.706 diligencias, con un incremento de 1.369 sobre el año anterior.

El número de detenidos por tráfico de drogas ascendió a 27.417, cifra muy similar a la del año precedente. Los muertos por sobredosis de estupefacientes pasaron de 250 a 577 en 1989. Según la Fiscalía del Estado, "España está muy cerca de batir el triste récord europeo de número de fallecimientos .por sobredosis. Sólo nos supera la RFA e Italia".