Los derechos humanos en España

Todos los años, la Asociación Pro Derechos Humanos elabora un informe, que ofrece a la consideración de la opinión pública y de los gobernantes, en el que pretende tomar el pulso de¡ estado de salud de los derechos humanos en España. En los Estados no democráticos, los enunciados de los derechos humanos condensan el punto de referencia donde convergen todos aquellos que se oponen al despotismo del poder. En ese marco se proclama su inviolabilidad, a la vez que se reclama su carácter incondicional. Ésta fue también la experiencia en la España de la dictadura. La Constitución española y los valores guía de nuestra democracia -como no podía ser menos se asientan en una concepción moderna de estos derechos. Tienen como horizonte su óptimo cumplimiento.Sin embargo, parecería que al ser incorporados los derechos humanos como premisas necesarias del orden democrático, paulatinamente se hubiese enfriado el entusiasmo primero y hoy se les atribuyera por la propia sociedad un papel más condicionado. La conciencia democrática, autojustificada y complacida en su propia legitimidad, se permite consentir zonas oscuras como de inevitable existencia.

La democracia española ha convivido desde su origen con la lacra de la tortura y los malos tratos a los detenidos. De ello dan fe sucesivas sentencias de la justicia por este motivo, al igual que los sumarios que continúan abiertos y los nuevos que se inician. Ocho años después de los sucesos, el Tribunal Supremo ha determinado que hubo torturas en el caso Arregui. La ley antiterrorista, modificada en fechas recientes, ha sido un inequívoco factor criminógeno, propiciadora de estas prácticas indignas. No sabemos si ha sido un instrumento útil para combatir el crimen, pero sí es cierto que ha alentado este tipo de delitos en algunos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. La actual reducción de los plazos de incomunicación ha hecho disminuir las denuncias y las sospechas acerca de estos hechos ignominiosos.

Es obvio que éste es sólo un tema de los muchos a los que debe atender un diagnóstico sobre la situación de los derechos humanos.

Así hay que resaltar el mal funcionamiento de la Administración de justicia, que con tanta frecuencia llega tarde, y por tanto mal. Con una marcada diferencia en las posibilidades de defensa de aquellos acusados que la pueden pagar bien, en comparación con quienes tienen que acudir a la defensa de oficio.

Las condiciones de las prisiones, con una población penal en alarmante crecimiento, son causa fundamental de que raramente se logren los objetivos de una política penitenciaria moderna: la reinserción de los penados, para quienes las cárceles deberían ser una experiencia reeducadora. Por el contrario, la insensibilidad social prefiere cerrar los ojos, desentendiéndose de esos aglomerados de degradación, corrupción y desmoronamiento psíquico y fisico en que tantas veces se convierten las cárceles para los internados en ellas. La gran pregunta de para qué deben servir las cárceles no sólo es una cuestión de expertos en derecho, sino que exige respuestas en la sociedad. Es hipócrita encogerse de hombros ante el divorcio patente entre los objetivos afirmados por un derecho penitencial progresista y la realidad de nuestras cárceles.

El informe de la asociación resalta también la necesidad de una democratización de las estructuras militares. El ejercicio de la autoridad en el Ejército nunca debe tener un carácter antidemocrático, y el periodo de servicio militar no equivale a una etapa de vacaciones del respeto y garantías de los derechos humanos, que la Constitución avala para todos los españoles, también para los soldados. Hoy se perciben con creciente agudeza los malos efectos de una restrictiva ley de objeción de conciencia, dictada por la desconfianza hacia el objetor en vez de reconocer su positiva aportación en la extensión de una conciencia antibelicista.

Pero además, los derechos humanos remiten a un campo, a veces desatendido, en las consideraciones de sus incumplimientos. Son los aspectos económicos y sociales. Las declaraciones modernas recogidas en nuestra Constitución subrayan como un derecho individual clave el derecho al trabajo. La realidad de 2,5 millones de parados manifiesta el fracaso parcial del ejercicio de ese derecho. Si además nuestro país presenta cifras récord en accidentes laborales, con demasiadas pérdidas de la vida por esta causa, y si las condiciones con las que se formalizan los contratos laborales son las peores de la Europa comunitaria, podemos percibir las limitaciones existentes con las que se desarrolla este derecho sustancial de los ciudadanos.

Éstos son algunos de los puntos negros en la práctica de los derechos humanos. Nuestro informe se detiene en otros importantes aspectos, como la política de carácter xenófobo de nuestra Administración, que tiene como consecuencia prácticas represivas con los extranjeros y violación efectiva de los derechos humanos en importantes sectores de inmigrantes. Se activa así el caldo de cultivo propicio para el desarrollo de movimientos de carácter racista, como observamos en distintos países europeos.

Este diagnóstico, en sus diversos aspectos, parece confirmar una cierta subordinación, en determinadas circunstancias, de los derechos humanos a intereses estimados como superiores. Son razones económicas, de seguridad o las mal llamadas razones de Estado las que vemos imponerse como opuestas a la incondicionalidad de los derechos humanos. Así, en el lamentable asunto de los GAL, los ciudadanos presencian asombrados la aparición en escena de un sospechoso de terrorismo investido con los atributos de embajador o la dilación inexplicada de un proceso de extradición que permite a otro fehaciente sospechoso una extraña libertad de movimientos. Cada vez con mayor intensidad en los medios de comunicación y en la opinión pública, los GAL van deviniendo un secreto a voces, en que el Ejecutivo parece más un encubridor que un perseguidor de determinadas acciones terroristas.

Todo lo expuesto parece inducir en los ciudadanos una cierta resignación fatalista o -peor- indiferencia, proclive a juzgar como excesivamente utópicas actitudes que pretenden situar siempre los derechos humanos como valor irrenunciable, pese a otras razones.

es presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos en España.